Después de que Camilo Gómez, director de la Agencia Defensa Jurídica del Estado (Andje), se retirara de la audiencia que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de secuestro, abuso y tortura de Jineth Bedoya, el funcionario envió una carta a la periodista en la que justifica su postura. El documento, que se extiende dos páginas, fue enviado hoy 17 de marzo y en este el funcionario asegura que rechaza los hechos violentos denunciados y espera llegar a un acuerdo amistoso.
“Mi deber en una audiencia ante cualquier cosa es la defensa de la justicia y la imparcialidad de los jueces. Los asuntos procesales de la audiencia pública celebrada el pasado 15 de marzo no son su responsabilidad ni fueron ocasionados por sus declaraciones”, aseveró Gómez en la carta.
Teniendo lo anterior en cuenta, el funcionario confirmó que Colombia presentó una recusación ante la Corte IDH para pedir que este caso se lleve a cabo siguiendo el debido proceso. Argumentó que esta acción es necesaria justamente por el beneficio de la justicia, no solo en este caso, sino en todos los denunciados en el país.
“La defensa del Estado en cumplimiento de sus obligaciones y en ejercicio de sus derechos, presentó una recusación contra algunos de los magistrados, pues es su deber defender los derechos procesales que le dan la legitimidad que demanda el Sistema Interamericano. Esa legitimidad resulta necesaria precisamente, para proteger los intereses de las víctimas. Usar un derecho no puede entenderse como un ataque a la contraparte”
En la misma carta, Gómez señaló a Bedoya como una mujer “valiente y luchadora” y reiteró que está convencido de la importancia y prioridad que tienen las víctimas colombianas. Aseguró que Colombia ha anunciado que reconocerá responsabilidad por algunos hechos denunciados que han analizado con detenimiento y expondrá los argumentos sobre otros en los que considera se debe evaluar su conducta.
Con ese contexto, el funcionario le expresó a Bedoya que espera reunirse con ella próximamente para llegar a un acuerdo.
“Como colombiano y como apoderado del Estado colombiano, no quiero que los problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso. Por eso, le propongo que, a la mayor brevedad posible, nos sentemos a dialogar y busquemos una solución amistosa, las cuales están permitidas por el reglamento de la Corte”, concluyó el director de la Andje.
Este pronunciamiento de Gómez tuvo una respuesta casi que inmediata por parte de Bedoya, quien le señaló que “los canales escogidos no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado”.
Cabe recordar que, la pelea de Jineth Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a tres atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. La situación sucedió a pesar de que había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.
Después de haber denunciado su caso, la periodista ha afirmado que este ha quedado impune porque mientras fue violentada estuvo un personaje influyente en el país.
“Considero que esa persona que ha sido señalada, la han protegido constantemente porque es una persona influyente, que tiene amigos influyentes, porque es amigo de muchas personas de los diferentes gobiernos que han pasado en Colombia desde mi secuestro. Porque es una persona que aún tiene poder en Colombia, pero que, además, sigue teniendo nexos muy fuertes con personas que en algún momento pertenecieron a la Policía Nacional. Para mí esto demuestra la corrupción no solamente en este caso, sino la corrupción en general ligada al narcotráfico”, denunció.
Posteriormente, volvió a ser atacada por segunda vez y este es el caso por el que el Estado debe responder ante la Corte IDH. La situación fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo, en el que se han documentado casos de descuartizamiento y desaparición forzada; en ese entonces trabajaba en El Espectador.
“Me decían que los periodistas se metían donde no debían, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas y que este era un escarmiento para la prensa”, narró Bedoya.
El tercero ocurrió en 2005 mientras trabajaba para El Tiempo cuando fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.
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