Capturado por red delincuencial en Cali dijo que se contactó con Diego Cadena para que le ayudara a eludir la justicia

Quien fuera el abogado del exsenador Álvaro Uribe habría contestado una llamada en la que buscaban que ayudara a evitar que un presunto homicida fuera a la cárcel. Representante de Cadena niega los hechos.

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Según el argumento de Cepeda,
Según el argumento de Cepeda, Diego Cadena habría manipulado testigos a favor de Santiago Uribe. Foto: Colprensa

Con la captura de Juan David Rengifo Mendoza, alias ‘La R’, un expolicía acusado de homicidio y secuestro y que fue ficha clave para revelar que al interior de la Fiscalía de Cali se estaban presentando hechos de soborno a varios funcionarios judiciales, se conoció el testimonio que rindió ante la Fiscalía y en el que menciona al exabogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, conoció Canal 1.

En su relato, Rengifo Mendoza dice que el abogado que le estaba ayudando con el proceso para evitar que le dictaran orden de captura por sus delitos y que terminó en el presunto soborno al fiscal de la seccional de Cali Jorge Iván Ríos por 100 millones de pesos, le dijo que si no podían resolverlo en Cali, lo harían desde Bogotá y, según ‘La R’, este se comunicó con Diego Cadena quien contestó al otro lado.

“Yo escucho cuando le preguntan a él que cómo está, que qué hay de su vida, entonces Diego Cadena dice ‘¿que ha escuchado de mí por allá?’ y dijo (el abogado) ‘no, no, no, es para un favor mío y del señor’”. Ante esto, continúa el abogado preguntándole si tiene todavía ‘todos los poderes’ y Cadena le habría respondido “sí, como con los dientes apretados lo que necesite” y le confirman a ‘La R’ que eso se va a resolver de alguna forma, reveló un documento conocido por el noticiero.

Por este caso ya fueron judicializados el fiscal seccional de Cali Jorge Iván Ríos y el abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, quien recibió y pagó el dinero al fiscal. Los elementos de prueba, conocidos por las autoridades, permitieron conocer que en diciembre de 2019 el funcionario judicial, supuestamente, fue contactado para que intercediera ante un Ríos e impidiera la solicitud de captura contra ‘La R’.

Por estos aportes que han ayudado a investigar y a involucrar a varias personas al caso, ‘La R’ podría recibir un principio de oportunidad para seguir hablando y obtener beneficios en su condena. Por su parte, El Tiempo se contactó con Iván Cancino, representante de Cadena, quien negó los nexos y el testimonio que dio Rengifo, además invitaron a que revisen las llamadas y los celulares del abogado para comprobar su versión.

Ríos García, fiscal 47 seccional Cali y quien era el coordinador URI para temas de feminicidios y homicidios, al parecer, exigió dinero por esa mediación ilegal, así lo afirmó en uno de los interrogatorios que rindió ante la Fiscalía uno de los hoy testigos protegidos.

El abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, presuntamente, le pidió $200′000.000 al hombre interesado en frenar la investigación en su contra. Parte de esa suma, exactamente $100′000.000, habrían sido entregados al fiscal seccional a través de una mujer, en dos pagos, uno por $90′000.000 y otro por el excedente.

En ese sentido, un fiscal adscrito al CTI de la Fiscalía imputó, de acuerdo a su rol y participación en los hechos investigados, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y soborno en la actuación penal al funcionario judicial y al abogado.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados y un juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento en centro carcelario.

En la Fiscalía General de la Nación se sigue adelantando una investigación de alto nivel y que lleva varios años, en las que estarían involucrados fiscales, agentes de la Policía, y abogados en Cali que, aparentemente, conforman una red criminal que estaría al servicio del narcotraficante Jair Sánchez Hernández, más conocido como ‘Mueble Fino’.

Hernández volvió al país tras cumplir su condena en Estados Unidos, luego de ser extraditado por orden de la Corte Suprema de Justicia. En el país norteamericano ‘Mueble Fino’ era requerido por el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, por el envío de estupefacientes a los Estados Unidos desde febrero de 1997 y hasta mediados de 2012, sin embargo, recibió una de las penas más bajas por narcotráfico y tuvo que pagar cuatro años y medio. Al regresar a Colombia fue puesto en libertad pues no existía ninguna investigación abierta en su contra.

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