En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García; y del abogado penalista Héctor Alirio Rojas Cruz, quienes serían parte de una presunta red de corrupción al servicio de la mafia y quienes se habrían concertado con otros funcionarios judiciales para dilatar e impedir que avanzara un proceso penal.
Los elementos de prueba, conocidos por las autoridades, permitieron conocer que, en diciembre de 2019, el funcionario judicial, supuestamente, fue contactado para que intercediera ante un fiscal especializado e impidiera la solicitud de captura contra una persona investigada por secuestro y homicidio.
Ríos García, fiscal 47 seccional Cali y quien era el coordinador URI para temas de feminicidios y homicidios, al parecer, exigió dinero por esa mediación ilegal, así lo afirmó en uno de los interrogatorios que rindió ante la Fiscalía uno de los hoy testigos protegidos.
El abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, presuntamente, le pidió $200′000.000 al hombre interesado en frenar la investigación en su contra. Parte de esa suma, exactamente $100′000.000, habrían sido entregados al fiscal seccional a través de una mujer, en dos pagos, uno por $90′000.000 y otro por el excedente.
En ese sentido, un fiscal adscrito al CTI de la Fiscalía imputó, de acuerdo a su rol y participación en los hechos investigados, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y soborno en la actuación penal al funcionario judicial y al abogado.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados y un juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento en centro carcelario.
Desde la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa Delgado, se ratificó que son prioridad las acciones investigativas para garantizar los principios de trasparencia y legalidad en la administración de justicia, y en el desempeño de los funcionarios de la entidad.
Presunta red de corrupción
En la Fiscalía General de la Nación se sigue adelantando una investigación de alto nivel y que lleva varios años, en las que estarían involucrados fiscales, agentes de la Policía, y abogados en Cali que, aparentemente, conforman una red criminal que estaría al servicio del narcotraficante Jair Sánchez Hernández, más conocido como ‘Mueble Fino’.
Hernández volvió al país tras cumplir su condena en Estados Unidos, luego de ser extraditado por orden de la Corte Suprema de Justicia. En el país norteamericano ‘Mueble Fino’ era requerido por el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, por el envío de estupefacientes a los Estados Unidos desde febrero de 1997 y hasta mediados de 2012, sin embargo, recibió una de las penas más bajas por narcotráfico y tuvo que pagar cuatro años y medio. Al regresar a Colombia fue puesto en libertad pues no existía ninguna investigación abierta en su contra.
El 8 de febrero, Caracol Radio conoció una transcripción de un interrogatorio que la Fiscalía le hizo a uno de los hombres de confianza del delincuente mencionado y quien, al parecer, sería uno de los enlaces con los fiscales investigados. El sujeto confesó a la Fiscalía que se fabricaron testimonios falsos para involucrar a terceros en procesos penales, que en una de sus capturas se escapó en complicidad de funcionarios de la fiscalía y que su vida corre peligro.
En las declaraciones se nombró a los fiscales Iván Aguirre, ex coordinador de Fiscalías Especializadas, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García fiscal 47, hoy condenado, como los involucrados en el caso de corrupción y apoyo al capo.
Esa red de corrupción a la que se refiere el Fiscal General, aparentemente no se habría quedado solo en Cali, sino que se habría extendido hasta Bogotá.
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