Mafapo entrega segundo informe para contar su verdad acerca del conflicto en Colombia

Comprometidas con esclarecer la verdad del conflicto armado del país, la organización Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) entregó, este 16 de marzo, un informe a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluye sus testimonios. El documento, titulado ‘Unidas por la memoria y la verdad’, es el segundo de este tipo que publica el grupo de víctimas, y en él detallan lo que saben acerca de cómo murieron sus familiares.

“Recolecta los testimonios, a profundidad, de las madres que llevamos en esta lucha más de trece años, en busca de verdad, justicia y garantías de no repetición. (..) Este informe se elaboró a partir de las entrevistas y encuentros que hemos tenido las víctimas en los últimos años”, dijo Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo, al iniciar la presentación del informe.

En esta oportunidad, además de exponer las vivencias de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Bogotá y Soacha, el documento también incluye los testimonios de afectados que habitaban El Castillo, los Llanos Orientales, Putumayo y Antioquia. Todos ellos coinciden en que, además del dolor de haber perdido a sus seres queridos, han tenido que lidiar con otros problemas de tipo económico y psicológico.

Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales, otra víctima de falsos positivos en 2008, contó que tuvo que vender su casa para autofinanciar la búsqueda de su hijo. Hasta el momento nadie sabe con certeza qué pasó con el joven, y ella tuvo que mudarse a una casa a las afueras de Bogotá donde vive en condiciones precarias.

Durante el evento también intervino Beatriz Méndez, otra integrante de Mafapo, quien fue la primera en hablar acerca de los problemas emocionales que enfrentan las víctimas. Ella denunció que, al menos en su caso, el Estado no hizo un buen acompañamiento psicosocial y que su proceso de sanación lo ha venido haciendo gracias a talleres que realiza la organización de víctimas de la que hace parte.

En el informe se expone que los afectados por el conflicto armado también están expuestos a otras formas de revictimización como el no ser reconocidos por la Unidad de Víctimas. Incluso, sufrir la violación de sus derechos a causa de varios crímenes. Méndez, por ejemplo, no solo perdió a un hermano, sino que también su sobrino fue reportado como ‘falso positivo’. Además, otras personas denuncian que después de que les mataron a sus familiares fueron amenazados y desplazados forzadamente.

Ante estas declaraciones, Catalina Díaz, magistrada de la JEP encargada de investigar el macro caso 3 de “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, expresó al colectivo su admiración y agradeció su aporte y la confianza depositada en el mecanismo de justicia para tratar de esclarecer la verdad. Ella aseguró que “se está trabajando arduamente” en los casos y esperan que se haga justicia pronto.

“La JEP ha sido muy rigurosa en contrastar esas versiones voluntarias de los comparecientes. Estamos contrastando todo lo que se ha dicho en la justicia ordinaria, los familiares de los jóvenes asesinados, las piezas procesales y documentos oficiales del Ministerio de Defensa. (..) Estamos trabajando eficientemente para poder producir, prontamente, los autos y las sentencias judiciales”, dijo la magistrada Díaz.

Las víctimas reiteraron su deseo de que, en efecto, se sepa rápidamente quiénes son los responsables de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Cada miembro de Mafapo que intervino en el evento repitió la pregunta que siempre le hacen a las autoridades:

Mafapo pide que se sepa quienes son los funcionarios de alto rango que promovieron las ejecuciones extrajudiciales en el país y se evidencie si los soldados que ejecutaron estas acciones en contra de los civiles recibieron beneficios como permisos y/o ascensos.

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