La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitará la preclusión de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, quedó programada para el próximo martes 6 de abril, a las 8:00 a.m.
En aquella reunión, se espera que el fiscal que ha llevado el caso de Uribe, Gabriel Jaimes, explique las razones y los argumentos que tiene para solicitar que se detenga y se cierre la investigación sobre el expresidente pues, de acuerdo con sus apreciaciones, “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, se estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.
Ese martes 6 de abril tendrán cabida los testimonios de quienes son consideradas las víctimas de este fragmento que abarca el caso Uribe: el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre.
Según explicó el portal de RCN Radio, en caso de que el juez le dé la razón a la Fiscalía, “la contraparte podrá apelar el caso y este pasaría al Tribunal Superior de Bogotá”.
Por el contrario, de acuerdo con la explicación del periódico El Tiempo, si se niega la solicitud de preclusión, “la Fiscalía se enfrentaría a la decisión de presentar una acusación con lo que tiene, o acudir a la apelación”.
Todo comenzó el 23 de febrero de 2012, cuando el expresidente denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda por un supuesto ‘cartel de falsos testigos’ en su contra. Sin embargo, en febrero de 2018 el caso tomó un giro, y la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cepeda. Por el contrario, ordenó investigar a Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
La decisión tendrá que ser tomada por la jueza Carmen Helena Ortiz, abogada y profesional en ciencias políticas de la Universidad Santo Tomás, según información tomada de El Espectador, la mujer ha ejercido como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, se ha desempeñado como jueza penal y de ejecución de penas y medidas de seguridad.
El abogado penalista Francisco Bernate, le aseguró a ese mismo periódico que, “el juzgado está a cargo de una mujer que es completamente íntegra, cuidadosa, honesta, pero sobre todo absolutamente respetuosa. Es una persona justa. Encarna esa mística por la labor judicial. No tengo ninguna duda que este asunto tan importante tiene una juez que va a estar a la altura de las circunstancias”.
A pesar de la importancia de la determinación de la jueza, El Espectador explicó que la última palabra no será de ella, por el contrario, será el Tribunal Superior de Bogotá, teniendo en cuenta las decisiones de las partes que pueden optar por apelar cualquiera que sea la decisión de la jueza. El Tribunal decidiría, definitivamente, si el expresidente debe ir a juicio penal o no.
Para una entrevista con RCN, el abogado de Uribe, Jaime Granados, aseguró estar listo para lo que sea que pase el 6 de abril, “el Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, podría tomarse desde un mes hasta tres meses según la carga de trabajo para concluir el proceso. Lo importante es que la Fiscalía se decantó por una tesis, que es un criterio independiente, que refleja la realidad de los elementos probatorios”.
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