La mañana de este 15 de marzo, la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Iván Moreno, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. En 2009, Iván habría ayudado a Samuel a negociar un contrato para la prestación del servicio de ambulancias en favor de la empresa UT Transporte Ambulatorio Médico.
Por dicho contrato, de $ 67.000 millones, Samuel Moreno fue condenado a 24 años de cárcel en el 2017, aunque está vinculado en otros casos de corrupción, en el marco del denominado Carrusel de la Contratación. En ese entonces, para adjudicar el contrato del servicio de ambulancias a una de las compañías de Emilio Tapia Aldana, los hermanos Moreno Rojas habrían solicitado el 9 % del total.
Además de Emilio Tapia, a quien en 2016 el Tribunal Superior de Bogotá condenó a siete años y cinco meses de cárcel, por la firma de contratos irregulares para intervenir la malla vial de la capital, en el caso de las ambulancias está involucrado el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, quien cumple una condena de 13 años tras las rejas.
La tajada exigida por el exalcalde de Bogotá y su hermano habría sido recibida por Iván Moreno y Héctor Zambrano. Y la manera de favorecer UT Transporte Ambulatorio Médico habría sido alterando el pliego de condiciones del contrato, de tal manera que esta empresa, de Emilio Tapia, fuera la única que cumpliera con las condiciones.
Lo peor del caso, más allá de alterar un contrato de licitación pública, radica en que la empresa que se lo ganó, una vez pagada la coima del 9 %, no tenía la capacidad para ofrecer la prestación del servicio de ambulancias, aún más en casos de pacientes en estado grave de salud.
En la actualidad, Iván Moreno permanece detenido en la cárcel La Picota, donde cumple la condena de 14 años de prisión impartida por irregularidades en contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), también en el marco del carrusel de contratación.
<b>Liliana Pardo, exdirectora del IDU, permanece fugitiva</b>
Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la capital, fue condenada a 10 años de prisión por el juzgado 38 penal de Bogotá, el pasado 15 de febrero, al ser vinculada en el denominado ‘Carrusel de la Contratación’ durante la administración de Samuel Moreno.
La exfuncionaria ya había sido condenada a 19 años y 9 meses de cárcel en 2018, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
En ese entonces, en primera instancia, la justicia la condenó a 22 años, pero luego el Tribunal Superior de Bogotá le redujo la condena. Con las irregularidades en los contratos viales, en el marco de la fase III de TransMilenio, Pardo Gaona benefició a contratistas como los Nule, Julio Gómez y Emilio Tapia. El detrimento al patrimonio distrital, producto de la corrupción de la funcionaria, fue de $3.931 millones.
La condena impuesta en febrero de 2021, de 10 años de prisión, es por su culpabilidad en el delito de cohecho. La funcionaria, que también está inhabilitada para ocupar cargos públicos durante una década, deberá pagar 109 salarios mínimos legales vigentes.
En la actualidad, Liliana Pardo es prófuga de la justicia, razón por la cual tiene una circular roja de la Interpol. Siete años atrás se fugó después de que fuera dejada en libertad de la cárcel El Buen Pastor, a la que fue enviada en 2011, tras obtener su libertad condicional por vencimiento de términos. Lo que se presume es que salió del país en 2016.
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