Este 14 de marzo se conoció que una mujer fue capturada en Ebéjico, Antioquia, señalada de engañar a niñas para para inducirles a la prostitución y la venta de drogas en Guatapé y San Rafael.
La captura se dio luego de largos meses de investigación, denuncias de las madres de las menores víctimas de abuso y la infiltración de uniformados a las fiestas que organizaba la mujer en varios municipios de Antioquia.
Con esto, recoge Blu Radio, se pudieron recolectar pruebas suficientes para comprobar que esta mujer sometía a las menores para tuvieran relaciones sexuales en hoteles y yates de lujo en el embalse.
El mayor Jorge Rubio Romero, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía en Antioquia, aseguró que la mujer era conocida como alias ‘Meli’ y habría logrado escapar en 2019 de una redada contra la exploración infantil.
En ese momento fueron capturadas cuatro mujeres que se dedicaban a captar adolescentes entre los 14 y 17 años para ser explotadas sexualmente y vender estupefacientes a turistas nacionales y extranjeros, esto en el oriente antioqueño, en especial en municipios como San Rafael y Guatapé.
Para las autoridades fue clave el testimonio de una niña de 15 años de San Rafael que fue contactada por redes sociales, para luego ser vendida a hombres adultos.
Me decían cosas como que estaba muy bonita y que debía ‘poner a producir esa mina’, que me pagaban $250.000 pero les debía pagar a ellos $50.000. Estaba necesitada y acepté, luego con el pasar de los días me di cuenta que eran más personas las que trabajaban con ella y había más niñas como yo.
La niña aseguró que la mujer llevaba a las menores de edad a lugares frecuentados por turistas e incluso llegaba a ofrecer llevarlas a países como Panamá.
“Qué allá trabajaríamos en un casino y que podíamos ganar de $150 millones a $200 millones de pesos en dos meses. Si a uno le dicen algo así es como si se me hubiera ganado la lotería. Le dimos el dinero para que ella nos sacara la documentación, pero ella nos explicó luego que nos teníamos que acostar con más hombres”.
Con estas declaraciones, las autoridades lograron detener a ‘Meli’ que quedó en manos de las autoridades correspondiente y fue acusada por los delitos de inducción a la prostitución, pornografía con menor de 18 años y concierto para delinquir con fines de inducción a la prostitución.
Desaparición de menores en Colombia, una problemática que la justicia no logra solucionar
Según Medicina Legal, en el 2020 un promedio de 4 menores al día se desapareció en el país. De estos 1.579 menores, 811 aparecieron vivos y 10 muertos y del 758 restante no se conoce aún su paradero. Los datos evidencian que existe una constante en las cifras de desaparición de menores, pues en el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos y, para el 2018, 2.368. La reducción que hubo en el 2020 se la atribuyen a la cuarentena, no a las medidas tomadas por el Estado para tratar la problemática.
El número de casos relacionados con menores de edad entre los 10 a 17 años, edades en las que más menores se desaparecen, permite evidenciar problemáticas asociadas a la familia o a su entorno natural. Por lo cual las instituciones que se encargan de la búsqueda deben evaluar las condiciones desencadenantes de la desaparición y verificar aspectos asociados como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, conflicto de custodia, entre otros factores que determinan la opción de ausencia por parte de los niños y adolescentes, como puede ser interpretado bajo el análisis de factores desencadenantes adicionales, según ICBF.
Teniendo en cuenta que el bienestar y los derechos de los niños son fundamentales, en el 2020 el Gobierno publicó el “Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos”, que tiene como objetivo lograr una respuesta institucional coordinada a nivel nacional para la pronta recuperación de un menor de edad desaparecido. Dicha Alerta se fundamenta en el sistema de Alerta AMBER nacido en Estados Unidos y replicado en varios países del mundo.
AMBER, es un sistema de difusión de información que busca incluir de manera inmediata a la comunidad y agencias involucradas para ayudar en la búsqueda, localización y recuperación segura de menores de edad secuestrados. Las alertas se transmiten a través de radio, televisión, señales de tráfico, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para datos.
El protocolo fue creado ya que el Estado colombiano encontró que de 2.392 menores reportados como desaparecidos en el 2019, el 51.5% continúan desaparecidos y el 0.7% aparecieron sin vida. Una cifra alarmante.
“Los casos de menores tienen mayor relevancia y se debe empezar una búsqueda inmediata. Es mentira que se deba esperar 24 o 72 horas; si el familiar hace una indagación inicial sin resultados y tiene indicios de su pérdida, debe acudir a las autoridades”, comentó Diana Ramírez Páez, profesional de Medicina Legal y Secretaria Técnica de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a el diario de El Tiempo.
La desaparición de una persona genera no solo las preguntas y la incertidumbre de ¿Dónde está? ¿Por qué se fue?¿Qué le pasaría?, sino que además, genera una clase de duelo en las familias constante, por eso la desaparición forzada es reconocida como un delito de lesa humanidad.
“Genera un daño muy grande en sus familias por no saber qué les pasó. Los padres, así sea un caso de hace 20 años, siempre piensan en cómo están sus hijos, si están grandes, si comen, si duermen, siempre con la expectativa de que están vivos”, explicó Andrea Torres Bautista, coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista, al diario colombiano.
Pese a que las primeras investigaciones deben hacerse con la familia, como se menciona en el protocolo para descartar cualquier tipo de maltrato que hubiera recibido el menor. En el contexto colombiano también en se debe tener en cuenta el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, trata de personas que hoy día esta convirtiéndose en un fenómeno común en las fronteras colombianas, microtráfico entre otras cosas.
Sin embargo, la búsqueda puede ser un problema pues como lo señaló Torres, pese a los protocolos y la responsabilidad que tiene el Estado, la justicia interpone muchas barreras que impiden que se solucionen los casos de los niños y reina la impunidad.
En Colombia no hay uno ni dos casos, son cientos de niños que desaparecieron y nadie habla de ellos. Se quedan en la impunidad, con padres que no se cansan de llorar.
Un ejemplo, es el de las cinco menores que desaparecieron en Suba, en Bogotá, entre en 1995 y 1997, donde las instituciones hasta hoy día no han avanzado en la investigación y al comienzo las familias denunciaron negligencia por parte de la Fiscalía, que dejo en libertad a los dos sospechosos del rapto de las menores.
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