Investigan graves acusaciones a 4-72 por amenazas a sus trabajadores e irregularidades que involucrarían al narcotráfico

Alrededor de la empresa oficial de correos de Colombia, que opera en el país bajo el nombre de ‘4-72’, giran circunstancias que involucrarían crímenes relacionados con narcotráfico e, incluso homicidio. Así lo reveló el periódico El Tiempo en una de sus más recientes investigaciones que, además, resaltó que, según la DEA, desde hace varios años atrás, los servicios de mensajería han llegado a ser una de las formas que han encontrado los delincuentes para enviar o recibir drogas y armamento.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso dicho medio nacional, las autoridades investigan irregularidades dentro de la empresa como manejos indebidos de dinero, envío de sustancias y objetos ilícitos, y la muerte violenta de dos trabajadores. Los supuestos crímenes, según el diario, han llevado a que la Fiscalía tenga en su poder cinco denuncias y, en otras instancias, llevaron a que se hiciera una reunión en la Casa de Nariño en diciembre de 2019.

El miércoles 30 de octubre de 2019, en Suba, según el relato de la Unidad Investigativa del medio, asesinaron de un tiro en la cabeza, a corta distancia, a Juan Camilo Mosquera Puerta, un exempleado de Avianca-Deprisa en el aeropuerto El Dorado, y quien se desempeñaba como líder de operaciones en la Torre de Control de 4-72.

El mismo destino vivió Brayan Cataño Arboleda, quien hacía parte de la Dirección Nacional de Seguridad Postal, y quien se desempeñaba como supervisor operativo en la Central de Tratamiento Postal. El hombre fue baleado por sicarios en moto.

Amenazas en contra de la vida de funcionarios del grupo de mensajería colombiana han sido frecuentes y, hace un par de semanas, según la investigación de El Tiempo, el teniente coronel Juan Carlos Valderrama Plazas, especialista en operativos antinarcóticos, renunció de su cargo luego de recibir un mensaje de hostigamiento en su contra en el que se lee: “renuncia o se muere, tiene esta semana, acuérdese de Juan Camilo, primer y único aviso (...) va para todos”.

Valderrama Plazas había adquirido un escáner para revisar los paquetes que llegaban desde El Dorado a la bodega de San Cayetano, municipio de Cundinamarca, y había firmado un convenio con la Policía Antinarcóticos para la revisión de los mismos.

El pasado 1 de marzo, narra la investigación, a poder del Ministerio de las TIC llegó un informe que, detalladamente, exhibe la problemática de los trabajadores de 4-72, incluyendo a directivos que aseguran temer por su vida teniendo en cuenta que la organización, por el momento, se encuentra adelantando ‘jugosas licitaciones’. La asignación de contratos de transporte para ocho regionales, y el ofrecimiento del servicio de transporte de carga para rutas nacionales sumarían una cifra que asciende a los $85.000 millones.

Juan Camilo Mosquera Puerta, asesinado en 2019, según El Tiempo, haría parte del proceso de asignación de esos contratos, y participaba en una auditoría interna que rastreaba posibles vulneraciones a Sipost, el sistema que registra a todos los proveedores y envíos.

Así mismo, la investigación señala la existencia de movidas extrañas dentro y fuera de la empresa como, por ejemplo, órdenes para mover decenas de carros con miles de paquetes, de los que solo salían la mitad, y el registro inusual de cargues, a horas atípicas, que eran hechas por un mismo usuario. De la misma manera, la extrañeza de estas movidas hicieron que la Dijín hiciera un peritaje forense porque, las zonas que serían destino de estos paquetes coinciden con algunas de las zonas colombianas más afectadas por la violencia y el narcotráfico.

Esto apegado a la falta de funcionamiento de radares GPS de supervisión y monitoreo de rutas, y las fallas en las cámaras de seguridad para la correcta vigilancia, así lo aseguró uno de los investigadores: “el radar se apaga, supuestamente por fallas; los carros salen de pantalla, y vuelven a aparecer tiempo después. Eso permite subir o bajar carga sin control”. El crimen de Cataño, por ejemplo, tuvo que ser investigado con cámaras de seguridad vecinas, pues, según El Tiempo, las de 4-72, a la hora de los hechos, estaban apagadas.

Al igual que Valderrama Plazas, otros funcionarios han renunciado o han sido reubicados para trabajar en otras zonas. Una mujer ahora trabaja desde un lugar cuya ubicación es de reserva por su seguridad. Otro empleado también recibió una licencia luego de sufrir de un primer hostigamiento, sin embargo, al volver a trabajar, renunció, en enero de 2021, cuando recibió una llamada en la que una persona le contó que ya le habían pagado para matarlo.

Ese mismo mes, pero el domingo 31, Iván Camelo, líder de supervisión de contratos de Servicios Postales, renunció, también por amenazas.

De acuerdo con la unidad investigativa de El Tiempo, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría tienen a la empresa bajo la lupa, y más cuando se encuentra en proceso de recibir a un nuevo presidente: Gustavo Araque, exjefe de gabinete de la gobernación de Cundinamarca. El futuro presidente de 4-72 entrará a reemplazar en su cargo a Luis Humberto Jiménez.

Seguir leyendo: