Por medio de una tutela en contra del Gobierno Nacional encabezado por del Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Red de Padres y Madres, Red Papaz, busca el retorno inmediato a las clases presenciales de los niños y adolescentes de colegios públicos.
La red de padres de familia asegura que: “La suspensión de actividades escolares y de la atención a la primera infancia ha generado pérdidas en el aprendizaje, afectaciones a la salud emocional y menores ingresos”.
Según la Red Papaz, al interponer una tutela a las diferentes entidades de educación pretenden que, por medio de esta, se protejan los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes en el desarrollo integral de la primera infancia, a la vida, la educación, la salud, el cuidado, la alimentación, la igualdad, entre otros ítems, los cuales se han visto vulnerados por las medidas implementadas hace un año para enfrentar el aumento del contagio del COVID-19.
Por otro lado, dentro del documento se explica que, aunque existen lineamientos y protocolos de bioseguridad para regresar a las aulas, “una gran mayoría de la prestación del servicio a cargo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Educación continuó en la modalidad no presencial”.
Según cifras oficiales, el año pasado, de las cuarenta semanas de clases presenciales previstas en el calendario escolar, millones de alumnos solo asistieron a entre cinco y siete semanas de clases presenciales, teniendo en cuenta que desde junio de 2020 se planteó el modelo de alternancia y el retorno gradual y progresivo a clases presenciales.
Por esta razón, los padres de familia decidieron presentar una tutela a las diferentes secretarías, entidades de educación y al Gobierno nacional para que, según ellos, se adelanten todas las acciones necesarias para reorganizar el regreso a los colegios.
“Las acciones necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta días la prestación del servicio público educativo presencial en la modalidad de alternancia de forma universal y simultánea en todas las instituciones educativas”, dice el documento.
Dentro de las peticiones también se le hace un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que la educación, la salud y el desarrollo integral de los menores de edad que, la Red Papaz asegura, se han visto vulnerados por el cierre de colegios y hogares de atención a la primera infancia del instituto.
Además, esta red plantea que al no volver a las aulas se estaría discriminando a los menores de edad que se encuentran en zonas rurales y no cuentan con acceso a un dispositivo electrónico y mucho menos a internet. “Es discriminatorio ya que, al delegar la implementación de este modelo, se condena a la población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin acceso a internet”.
“La prestación remota de estos servicios ha sido completamente deficiente. Se ha perdido el registro de peso y talla, los registros sobre situación nutricional y el seguimiento a la vacunación”, esto lo dicen ya que creen que la prestación remota de estos servicios no se adapta a la realidad de las diferentes familias.
“Finalmente, desde el 31 de diciembre de 2020, por problemas y retrasos en la contratación de los Operadores, no se está prestando ningún servicio de atención integral de la primera infancia”, aparece en la tutela, ya que hasta la fecha de presentación de esta acción, el ICBF no contaba aún con ningún plan para el regreso de la primera infancia ya fuera de manera presencial o en alternancia.
“Esto, a pesar de que los Planes Piloto Presenciales Excepcionales que la entidad llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2020 fueron exitosos. Asimismo, llama la atención que no se hayan emitido circulares o resoluciones que adopten un plan de retorno a la presencialidad de los servicios de para la primera infancia”, finaliza el documento.
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