Finalizando esta semana, la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la Onic declararon emergencia humanitaria en todas las comunidades indígenas del departamento, esto a causa de los confinamientos, amenazas, homicidios, masacres y desplazamientos que vienen sufriendo desde hace varios años y que se recrudecieron en los últimos meses.
Según el comunicado, los pueblos indígenas Embera Eyábida, Embera Chamí, Embera Dóbida, Gunadule, Senú y Nutabe de las subregiones del Bajo Cauca, occidente, Urabá y suroeste antioqueño, son algunos de los que han sido vulnerados de mayor manera en las últimas semanas por grupos armados “tanto progresistas como retardatarios, que se disputan el control de nuestros territorios”, señalaron.
“Hoy, nos vemos urgidos a declarar, desde la Organización Indígena de Antioquia, la urgencia humanitaria de la población indígena de nuestro departamento, que representa espejo para la sociedad mayor, donde nos encontramos y con la que convivimos. No somos humanidad vulnerable, sino vulnerada”.
Detallaron que, por ejemplo, el 18 de febrero de este año, Plinio Dogarí Majoré, un niño de 13 años que pertenece al pueblo embera eyabida de Murindó, Antioquia, perdió una de sus piernas tras pisar una mina antipersonal.
Alexis Espitia, vocero de Derechos humanos de la OIA, explicó que decidieron declararse en emergencia tras lo que ellos consideran la “poca respuesta estatal” ante los hechos violentos de los que son víctimas. Con su anuncio, buscan llamar la atención de las autoridades y solicitar al Gobierno nacional mayor atención a estas comunidades vulnerables, pues de los 38.000 indígenas que hay en Antioquia, cerca de 20.000 están en riesgo, especialmente los resguardos embera eyabida y los zenúes.
Por su parte, el personero de Medellín, William Vivas, alertó sobre la presencia de desplazados en el casco urbano de la ciudad, según esto, los indígenas llegan provenientes de municipios como Bagadó, Riosucio, Carmen de Atrato, Quibdó y Murindó. La Personería detalló que, en apenas 69 días de 2021 ya se presentaron poco más de la mitad de todos los casos de desplazamientos del año pasado, 89 indígenas.
“Desplazamientos gota a gota y asesinatos selectivos son una constante. Confinamientos y constreñimientos son también lo normal. Se nos impide salir a partir de cierta hora de nuestras casas, la amenaza es la ley y las opciones que tenemos al alcance son las que nuestros verdugos nos imponen, cuya presencia se justifica en virtud del ataque y la contención de los actores armados, unos contra otros. El reclutamiento forzado no es la excepción”, detallaron los indígenas en su comunicado.
Además, la OIA y la Onic realizaron una serie de peticiones al Gobierno Departamental y Nacional, así como a las comunidades internacionales. A la Gobernación del departamento le solicitaron tomar medidas para detener la violencia de la que son víctimas y hacer frente a la crisis humanitaria, social, económica y cultural que viven. Además, les pidieron conformar una mesa de diálogo entre las autoridades indígenas, comisión de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia y organismos de control, para hablar sobre el desminado de los territorios.
“A la Cruz Roja Internacional, a la iglesia Católica, a la comunidad internacional, a los organismos de control y a las entidades estatales responsables de la atención humanitaria, solicitamos respuesta urgente frente a la retención de los 63 lideres indígenas en la Blanquita corregimiento de Frontino, ante la vulneración de su derecho a la libre circulación, en afectación de otros derechos fundamentales, incluyendo el confinamiento y el riesgo de desabastecimiento alimentario que están sufriendo sus familias y comunidades”, agregaron.
Ante este comunicado, el coronel José Bastidas, comandante de la Brigada 17 del Ejército, con jurisdicción en el Urabá antioqueño, comunicó que en la mañana de este sábado entregaron ayudas alimentarias a las comunidades indígenas de Murindó, con las cuales beneficiaron a más de dos mil personas.
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