Otras 20 familias salieron desplazadas de Cáceres para huir del fuego cruzado

El recrudecimiento de la violencia en Cáceres, Antioquia, obligó a más habitantes a salir del territorio. Las autoridades reportaron que, este jueves 11 de marzo, otras veinte familias abandonaron el municipio después de que se produjeran nuevos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y el Ejército. Según los locales, se presentó un fuego cruzado desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. del miércoles, por lo que el grupo decidió salir esta mañana. También cabe mencionar que alrededor de otras 25 personas están en riesgo.

“Son 20 familias en este momento que están desplazadas y hay posibilidad de que lleguen otras 20 o 25 personas más desplazadas hacia Puerto Bélgica con la finalidad de que, al menos, la Alcaldía de Cáceres entre a hacerles el apoyo necesario a que tengan derecho por desplazamiento forzado”, aseguró un líder de la comunidad que no reveló su identidad por razones de seguridad.

Las víctimas de este hecho salieron desde las veredas Medellín, Las Parcelas, San Judas y el sector El Puerto, que están ubicados en la zona cercana al río Cauca, hacia el corregimiento de Puerto Bélgica, también ubicado en Cáceres.

Organizaciones sociales resaltaron que, en el territorio receptor las familias tampoco están a salvo. Justo en Puerto Bélgica, el pasado 26 de febrero, el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparrós’ reclutó forzosamente a por lo menos diez jóvenes que viajaban como polizones hacia Cartagena para conocer el mar.

Este no es el primer desplazamiento forzoso que se presenta en Cáceres en lo que va de 2021. Hace un mes exacto, el 10 de febrero, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció que cerca de 231 familias del pueblo zenú que habitan ese municipio salieron de sus hogares por la violencia.

A través de un comunicado, la OIA aseguró que las comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado en este sector del Bajo Cauca antioqueño son Isla La Dulzura, Jardín La Esperanza, Alto del Tigre, Puerto Santo Manantial, Guarumo Balay y José de los Santos. Las mencionadas poblaciones buscaron refugio en la comunidad vecina de Guarumo.

“Estas comunidades hoy no tienen qué comer, entre otras cosas, porque no pueden acceder a sus cultivos o realizar actividades propias de pesca en el Río Cauca, por prohibición de los grupos armados al margen de la ley”, indicó la organización.

La OIA aseguró que, en esta zona se vienen presentando enfrentamientos armados constantes desde el 29 de enero de este año. Los criminales ocupan este espacio del noroccidente antioqueño porque es un corredor estratégico para los grupos armados que operan en la zona, afectando gravemente a las comunidades que habitan en este sector con diferentes modalidades de violencia. Algunos de estos son ataques indiscriminados, en los que corren riesgo tanto los adultos como los menores de edad que hacen parte de la comunidad civil.

Así mismo, estas personas están expuestas a caer en el reclutamiento forzado, trabajos comunitarios obligatorios y ser víctimas de extorsiones. En ocasiones, los pueblos también son sometidos a confinamientos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana y tienen limitaciones en el acceso a los servicios básicos.

Otro de los problemas también es la estigmatización, especialmente de los líderes indígenas y limitación de las prácticas comunitarias y de autonomía indígena en esta región. Este fenómeno es complejo, porque incluso la fuerza pública puede atacar a los civiles bajo la falsa creencia de que hacen parte de los grupos ilegales.

“Por esta razón, la Organización Indígena de Antioquia hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación de Antioquia, para que adelanten las investigaciones pertinentes del caso y se puedan mitigar inmediatamente los riesgos a los que están expuestas las comunidades”, puntualizó al OIA.

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