Colombia gana demanda por caso Electricaribe y no tendrá que pagar $4,8 billones

Un tribunal de arbitramiento falló, este viernes 12 de marzo, a favor del Estado colombiano en una demanda por cerca de 4,8 billones de pesos — 1.547 millones de dólares más intereses—, interpuesta por la firma española Naturgy, antes conocida como Gas Natural Fenosa, por la intervención de Electricaribe, la empresa de energía intervenida y posteriormente cerrada por la Nación.

Dicho conglomerado era uno de los accionistas mayoritarios del extinto encargado de energía de la región caribe colombiana, y reclamaba que el Gobierno nacional le indemnizara por daños y perjuicios tras la liquidación de la empresa, que se hizo definitivo en septiembre del año pasado.

La noticia fue dada a conocer por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Andje, que entre otras cosas se desempeñó como abogada del país en el proceso. La misma recordó que el caso venía adelantándose en el el tribunal de arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi, en Washington, Estados Unidos, desde hace cuatro años.

Dicha corporación fue la que, de acuerdo con un comunicado oficial de la Agencia, “decidió que a favor de Colombia y desestimó en su totalidad las reclamaciones de Gas Natural (Naturgy). Gracias a esta decisión Colombia no tendrá que pagar ni un solo peso”. La suma requerida por el conglomerado español equivalía al 1 por ciento del presupuesto general que el Gobierno nacional pretende destinar para el país durante 2021.

El director de la Andje, Camilo Gómez, señaló al respecto, durante una rueda de prensa que, “esto ratifica que Colombia es un país donde los inversionistas son bienvenidos con seguridad jurídica, pero bajo el respeto estricto de las normas. En declaraciones recogidas por el diario El Espectador, el funcionario también reconoció que la empresa española todavía podría presentar un recurso de anulación sobre el fallo. “Pero yo no sería tan pesimista. Hoy Colombia tiene un triunfo internacional de la mayor dimensión. Claro, podría haber una discusión jurídica, pero no veo posibilidad de una anulación”, dijo.

La demanda venía en curso desde 2017, un año después de que la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia decidiera intervenir la empresa por repetitivas fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica en siete departamentos de la costa caribe en los que tenía jurisdicción, así como problemas de financiación.

Por dicha maniobra, los españoles argumentaban que el Estado había expropiado los derechos de la compañía en el país e incumplía la protección y seguridad plena de la que se habla en el convenio de protección de inversión con España, además, acusaba a los habitantes de la región de piratear la red energética, frente a los ojos de las autoridades locales y de demorarse injustificadamente en el pago de los servicios. El Estado, por su parte, señaló que la intervención fue legal y necesaria para asegurar los derechos de los habitantes de la región caribe.

Para soportar su alegato, la Andje presentó pruebas sobre cómo la empresa europea debió tomar medidas para que esto no sucediera y la principal fue, precisamente, prestar un buen servicio

“El tribunal, en distintos apartes, consideró que conforme a las pruebas aportadas por Colombia, definitivamente no existieron para admitir los argumentos de Gas Natural en este sentido”, agregó Gómez.

Para el litigio, la Agencia contó con el apoyo de las firmas internacionales Sidley Austin LLP y Stanimir A. Alexandrov PLLC, quienes desarrollaron la estrategia empleada para defender todas las medidas del Estado colombiano que fueron cuestionadas por los demandantes.

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