Tras la muerte de una menor de edad en medio de un bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento de la estructura de Gentil Duarte de las disidencias de las Farc en Guaviare, la Defensoría del Pueblo señaló su preocupación, pues el hecho deja en evidencia el reclutamiento de niños y jóvenes en el país. De hecho, de acuerdo con cifras reveladas por la entidad, el 33% de los reclutamientos a niños, niñas y jóvenes en 2020 por parte de grupos armados ilegales fueron a menores de 14 años.
“La situación en Guaviare pone en evidencia la grave situación de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en las zonas objeto de dominio territorial y combate por parte de estos grupos armados.”, manifestó la Defensoría.
Según detalló la entidad, en 2020 se conocieron 83 de casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, de los cuales, 27 eran menores de 14 años, 49 eran hombres, 20 eran indígenas y dos afrodescendientes; de 61 de esas personas no se tiene información, reveló Blu Radio.
De acuerdo con el mismo organismo, 23 de los casos fueron reportados por defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo, otros 23 fueron notificados ante las oficinas de ese órgano estatal, seis por organizaciones no gubernamentales (ONGs), dos por la Agencia de las Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
“Desde la expedición del Decreto 2124 en diciembre de 2017, que reglamenta el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, a la fecha, se han emitido 200 Alertas Tempranas. En 156 se advierte riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.”, advirtió la entidad respecto al reclutamiento de menores.
La Defensoría, además, informó que el 80% del reclutamiento en el país sucede en zonas rurales, de hecho, de acuerdo con el organismo, los departamentos donde más se registraron casos de reclutamiento de menores durante el 2020 fueron Caquetá con 21, cauca con 19, Putumayo con 8 y Antioquia con 7, según la información entregada por la misma emisora.
Respecto a los grupos armados que han sido autores de los reclutamiento en el país, el mismo medio conoció que según la Defensoría del Pueblo, 53 fueron causados por las disidencias de las Farc, 5 casos por cada uno de los grupos armados ilegales y disidencias de las AUC, mientras que del Ejército de Liberación Nacional, la entidad registró 6 casos en los que se vieron implicados.
De hecho, la alta consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, dio a conocer recientemente que el extinto grupo guerrillero de las Farc, se consolidó como el mayor reclutador de menores de edad en el país, práctica que de acuerdo con Gutiérrez no se detuvo incluso luego de la firma del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde 1999 hasta 2020, la entidad registró el ingreso de 3.878 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por las extintas Farc, es decir, el 56% de los 6.931 menores de edad que han sido víctimas de ese crimen.
Teniendo en cuenta ese panorama y la violencia en general a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en Colombia, este jueves, la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, suscribieron un memorando de entendimiento, a través del cual ambas entidades unirán esfuerzos y recursos técnicos y administrativos para garantizar la prevención y protección de las violencias contra esta población en el país.
“Es importante que impactemos positivamente en la sociedad transformando las realidades de violencia contra la niñez y eliminando la naturalización esa violencia. Al dañar los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes dañamos nuestro futuro como nación.”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
También cabe resaltar que desde febrero de este año, la entidad también lanzó la estrategia 2021 Año Contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, por medio de la cual se realizarán acciones de prevención, atención, promoción y divulgación para niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado o en riesgo de estarlo, y para sus familias, además de la activación de un “aparato jurisdiccional para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de reclutamiento”.
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