Solicitan a la Corte Constitucional no alejar a los jueces de las funciones de titulación de tierras

Este jueves 11 de marzo, la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que fallar sobre una tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que pide manejar la titulación de predios en el país. Dicha función, la ejercen hoy los jueces de la República, y es precisamente esto lo que ha generado polémica, ya que el detractor de la tutela, el abogado José Alfredo Bernal Rivera, radicó un recurso de súplica ante la Secretaria General del alto tribunal, para que tuviera en cuenta que, “desde hace más de 70 años, son los jueces los que han conocido de esa situación, funciones que se deben mantener”.

Según contó el abogado en medios nacionales, así la ANT cuente con un presupuesto actual de $900.000 millones, “se podría demorar entre 35 y 45 años para resolver dicha titularidad”, ya que según cifras de la Corte Constitucional, la agencia en este momento tiene para resolver cerca de 37.000 solicitudes de clarificación, recuperación y titulación de bienes.

“El tema rural en Colombia es el más atrasado del mundo. La Corte Constitucional debe de tener en cuenta y reconocerlo en su sentencia, y buscar alternativas para tratar de solucionar este atraso en la legalización de miles de predios rurales que hoy tienen los campesinos y gentes humildes del país. Los terrenos que reclaman cientos de campesinos que dicen ser baldíos, ya no lo son, porque muchos de ellos están cultivando sus tierras y sacando este país adelante. El campo no puede seguir siendo la cenicienta de Colombia”, señaló Bernal Rivera en El Espectador.

Aún así y en línea con lo anterior, el abogado indicó en el mismo medio que, “no se puede desconocer que la Rama Judicial, pese a sus problemas y corrupción en algunos casos, ha jugado un papel clave a la hora de asignar, proferir y admitir sentencias en temas agrarios, por lo que se debe fortalecer esa labor antes que quitársela”.

“La Rama Judicial y los jueces pueden trabajar conjuntamente con la Agencia Nacional de Tierras en alternativas para conjurar el atraso en el tema de la entrega de predios, que ya están desde hace décadas en manos de campesinos”, agregó Bernal Rivera.

El jurista también señaló que, la ley debe protegerse ya que son los jueces los que han trabajado con los terratenientes en los territorios, e hizo énfasis en El Universal diciendo que, “el aparato del Estado debe de ir de la mano de los municipios y departamentos y que se sumen los jueces, que los tenemos en el 95 % de todo el país, en vez de excluirlos, los tenemos es que sumar para poder sacar este proceso del Estado”.

“La Ley 200 de 1936, con la que trabajan los jueces de la República desde hace más de 80 años, no se puede tirar por la borda, y se debe mantener con firmeza. La Corte Constitucional la debe proteger en su sentencia, porque es una herramienta necesaria en la aplicación de cada uno de los fallos que se han proferido. Por la equidad y la justicia del pueblo colombiano, la Corte no puede borrar de un tajo las actuaciones de quienes en muchas oportunidades han sido los únicos que se han enfrentado a los terratenientes en muchas zonas del país”, aseguró el abogado en El Espectador.

Bernal Rivera, también se refirió, en el diario nacional, al proceso de restitución de tierras y señaló que no se le puede entregar el manejo de tierras a los funcionarios administrativos, ya que para él, “tienen que ser los jueces de la República los que entren a hacer justicia en esos aspectos y que, dentro de esa gran reforma, sea el Estado colombiano en su conjunto -gobernadores, alcaldes, jueces, comunidades y cabildos- los que entren a definir la finalidad de todo este asunto”, señaló el jurista.

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