Este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció que sancionó por seis meses al Federman Home Rubio, expresidente del Concejo Municipal de Alcalá, al norte del Valle del Cauca. El ente de control fue acusado de irregularidades en la contratación para el trámite de un concurso público para ejecutarse en el periodo 2016-2020, un año después del fin de su liderazgo.
En un fallo de segunda instancia, la procuraduría regional de Quindío dejó en firme la decisión previa del Provincial de Armenia del 30 de septiembre de 2020 que evidenció la existencia de la falta disciplinaria por parte de Home. Se estableció que el concejal no llevó transparentemente una actividad contractual y de selección cuando suscribió un contrato de prestación de servicios profesiones en octubre de 2015 con la Corporación Regional de Educación Superior (CRES) cuando esta no cumplía con los requisitos exigidos en los estudios y documentos que sirvieron de soporte para el negocio jurídico.
El ente de control pudo conocer que el contratista no podía acceder al contrato por no ser idóneo en temas de experiencia ni tenía las certificaciones de ejecución de al menos tres contratos que tuvieran relación con lo que se haría en el municipio. Por esta razón se calificó como falta grave a título de culpa grave.
Este no es el primer lío que tiene Home con los organismos estatales, en marzo de 2016 fue capturado por unidades de la Policía por el delito de encubrimiento y en el momento que lo atraparon tenía en su poder en una moto que se había reportado como robada y armas de fuego. La captura se dio en su casa y ahí encontraron otras 15 motos legalizadas.
Además, según reporta El País de Cali, el hombre tenía en su vivienda tres contenedores de una sustancia líquida similar a alcohol y sellos de seguridad similar a los que usan para empacar aguardiente. En su momento fue puesto en disposición de un juez que legalizó la captura y le dictó medida de aseguramiento. Actualmente el hombre no tiene ningún pendiente con la justicia.
Procuraduría apela recepción de Álvaro García en la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acogió el pasado 25 de febrero a Álvaro García Romero, exsenador condenado por la masacre de Macayepo donde murieron al menos 16 campesinos. Sin embargo, este miércoles se conoció que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión argumentando que García no es competencia del Tribunal de Paz porque no actuó como ‘tercero’ en el conflicto armado sino como actor principal en el paramilitarismo, lo cual lo excluiría.
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, “Durante el análisis, la sala tuvo en cuenta los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que García Romero se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal”, pero la Procuraduría dice que su cargo no tuvo nada que ver en su participación como miembro de los paramilitares, excluyendo el argumento de la JEP con respecto a su calidad de funcionario público, el cual es necesario para acogerse a su jurisdicción.
“García Romero era un comandante paramilitar, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, y por tal razón, la única posibilidad de admitirlo en la JEP es si hubiese participado indirectamente en el conflicto, colaborado o financiado estructuras ilegales en calidad de tercero, situación que no aplica en su caso”, aseveró.
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