La Defensoría del Pueblo alertó riesgo de reclutamiento y desplazamiento en Vichada

Para principios de marzo la Defensoría del Pueblo alertó sobre el riesgo alto de violaciones a los derechos humanos en que se encuentran los habitantes de Puerto Carreño, en seis inspecciones, ocho veredas y seis resguardos indígenas en Vichada.

Este departamento se encuentra limitando con Venezuela, esto ha generado que los diferentes grupos armados, tanto guerrillas de izquierda como diferentes frente del paramilitarismo. Entre estos grupos se encuentran, según la Defensoría, el ELN, disidencias de las Farc, Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas. En esta zona dichos grupos armados se encuentran ejerciendo contrabando, narcotráfico, microtráfico. Extorsiones, homicidios, desplazamiento y reclutamiento forzado.

La Defensoría del Pueblo le entregó un documento al periódico El Espectador en el que se hace un informe sobre cómo están operando estos grupos armados, qué acuerdos hay con los carteles de droga que cuentan con laboratorios en estas zonas y cómo esto ha repercutido en la población de Vichada.

“Una de las zonas más utilizadas por estos grupos son las llamadas “ramplas” donde realizan varias actividades delictivas que van desde homicidios hasta el ingreso de mercancía, personas, armas entre otras cosas. El uso del territorio venezolano, vecino a la jurisdicción de Puerto Carreño, ameritaría un análisis particular dado su nivel de incidencia en la dinámica territorial del conflicto armado interno colombiano y de las organizaciones del crimen organizado transnacional en la región (como el posible interés de carteles brasileños)”, dice el documento.

La situación en Vichada se encuentra en manos de los múltiples grupos armados ya que entre ellos se ha llegado hasta realizar acuerdos para distribuirse las diferentes rutas de narcotráfico que antes manejaba la antigua guerrilla de las FARC, y, además, dentro de estos acuerdos hay alianzas para que la Fuerza Pública no conozca dichos caminos.

Esto que están viviendo los habitantes de Vichada, en los que se encuentran indígenas, campesinos y hasta funcionarios de Parques Naturales, ha venido en aumento desde principios de 2019. Desde ese año hasta mediados del año pasado la Defensoría del Pueblo realizó 69 solicitudes de protección a líderes y lideresas sociales en Puerto Carreño por, peticiones que están represadas o sin respuesta de la Unidad Nacional de Protección.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, en Vichada el año pasado hubo 13 defensores de derechos humanos amenazados, incluidos dos líderes políticos y líderes indígenas de Kanalitojo a quienes se les asignó medidas de protección colectiva. También se conoció que 22 excombatientes de las Farc han sido amenazados en diferentes ocasiones.

Este territorio cuenta con otras problemáticas en las que la tierra y el medio ambiente se encuentran en peligro. Sobre el conflicto de tierras está el tema del manejo y existencia de bienes baldíos de la Nación, que son invadidos u ocupados en el departamento; y en el caso medioambiental, tanto las comunidades indígenas como sus tierras están en riesgo por la presencia de una empresa agroforestal, debido a que en el año 2020 se presentó tala y quema de árboles.

Por último, la Defensoría alertó que el reclutamiento forzado y la utilización ilícita de niños y adolescentes “ha sido una conducta persistente en el municipio de Puerto Carreño desde el año 1995”. Este reclutamiento se ha dado sobre todo de indígenas que cuentan con la doble nacionalidad, y de ciudadanos venezolanos en el país vecino, específicamente en Puerto Páez, El Burro y Puerto Ayacucho.

“Enarbolar un discurso sociopolítico y con promesas de remuneración, son las tácticas utilizadas para vincular más personal dentro de las estructuras armadas y realizar mayor control de los sectores mineros de Venezuela y parte de Puerto Carreño. No obstante, cabe mencionar que en los resguardos indígenas existen riesgos de ser reclutados debido a que en sus territorios transitan miembros de grupos armados no estatales”, aclara el documento.

Frente al tema de reclutamiento a menores el documento finaliza explicando que: “Por su parte, en los barrios del municipio, como Calarcá, se presentan riesgos de reclutamiento para los adolescentes y los jóvenes. Dicho riesgo de reclutamiento también representa que niñas, adolescentes y mujeres indígenas, se encuentren expuestas a ser víctimas de violencia sexual, explotación sexual o esclavitud para labores domésticas por parte de estos grupos. El reclutamiento no sólo genera una ruptura del tejido social, cosmovisión, usos y costumbres, sino también produce una ausencia familiar. No obstante, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, en el departamento del Vichada, únicamente el municipio de Cumaribo registra casos de reclutamiento forzado de NNAJ. Aunque no se tiene información en el municipio de Puerto Carreño sobre posibles delitos de explotación sexual infantil y trata de personas, no se descarta su existencia”.

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