Exfiscal Mario Iguarán plantea que el Estado debe construir cárceles para criminales de cuello blanco que ayuden con la justicia

Hay quienes se cuestionan por qué delincuentes como Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio de Luis Carlos Galán (el 18 de agosto de 1989), se encuentran recluidos en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO).

También existen quienes se preguntan por qué Musa Besaile, condenado por el ‘Cartel de la toga’, permanece en el Batallón 13 de la Policía, o la razón por la cual Andrés Felipe Arias, responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, paga su condena en el Cantón Norte de Bogotá.

¿No deberían estar ellos en centros penitenciarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec), como el resto de criminales?

No. No deberían estarlo, de acuerdo con el exfiscal general de la Nación Mario Iguarán, quien aseguró que si permanecen allí es por su derecho constitucional de ser protegidos, y que es el Estado el que debería construir centros penitenciarios para brindarles la seguridad suficiente, si bien ha faltado “voluntad política para hacerlo”.

Así lo manifestó Iguarán en una entrevista con W Radio, en la que se le interrogó ¿por qué son estos denominados “criminales de cuellos blanco” quienes cumplen su condena allí y no, por ejemplo, delincuentes comunes? Al respecto, el exfiscal respondió:

Entre los casos por los que una persona puede cumplir su condena en uno de estos centros especiales de reclusión sobresalen: padecer trastornos mentales, razones de orden público, de seguridad nacional y hasta intentos de fuga, según Iguarán. Y puede ser el abogado defensor del detenido, sus familiares, la Procuraduría y el mismo Inpec, quienes soliciten el traslado. Aunque son los jueces quienes, tras una sustentación que evidencien que los procesados están en riesgo, toman la decisión.

“Y hay otra razón, señalada expresa, explícita y tajantemente en la norma, por la seguridad del detenido”, señaló el exfiscal. Y añadió:

Hay también dos situaciones con sustento en la ley, aunque los colombianos deberían “encontrar razonables en la consciencia”, según Iguarán, en las que se puede solicitar un centro de reclusión distinto de los del Inpec, como La Picota o la Modelo, en el caso de Bogotá.

- “El caso de los miembros de la Fuerza pública: está previsto que ellos, por ley, tendrán unos establecimientos de reclusión especiales o particulares. En cualquier país del mundo tienen un centro de reclusión especial”.

- “Quienes por su profesión u oficio tuvieron que ver con la judicialización de sinnúmero de persones” con las que puedan toparse en las cárceles. Un ejemplo de ello, conforme con Iguarán, es el de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, condenada por las denominadas “chuzadas”, quien hoy permanece en el Cantón Norte.

El exfiscal general de la Nación argumentó que, es “una irresponsabilidad del Estado no tener centros” de alta seguridad, y que incluso debe reprochársele que el CESPO y el Cantón estén congestionados.

“No se entiende por qué el Estado no tiene la voluntad política de crear los centros carcelarios que ofrezcan las seguridades y no terminemos enviando estas personas, porque hay que enviarlas y hay que protegerlas, a lugares como al Cantón Norte (...) Son testigos estrellas, que hay que rodearlos de todas las garantías”.

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