Abogado de militares interpuso una acción judicial en contra del Tribunal de Paz Militares tras informe que estableció 6.402 falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 civiles a los que las Fuerzas Militares mataron y presentaron ilegítimamente como muertos en combate, cifra que triplica la estadística de la Fiscalía y duplica la de organizaciones de derechos humanos. Como parte del proceso para dimensionar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha contrastado un enorme volumen de información que incluye cuatro bases de datos.

“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP”, señaló el alto tribunal.

Hasta el año pasado, la Fiscalía sólo había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles llevadas a cabo bajo esta modalidad entre 1988 y 2014, 59% de las cuales tuvieron lugar entre 2006 y 2008, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10). Los nuevos datos arrojan que el 78 % de las víctimas fueron durante su mandato.

Tras conocer el informe de la entidad, este jueves 11 de marzo, W Radio reveló la acción judicial que interpuso el abogado John Vásquez, representante de varios militares, en contra de la decisión del Tribunal de Paz. En el documento, el representante señaló que, se les está prejuzgando al incluir entre el número de ejecuciones extrajudiciales aquellos casos en los que no existe una condena en la Jurisdicción Ordinaria.

“Se ha producido una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando casos que apenas se encontraban en Investigación, bien fuera previa o formal, sin la existencia de una Sentencia condenatoria debidamente Ejecutoriada, se presentan por ustedes en términos de certeza como: muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, señala el documento revelado por W Radio.

Asimismo, Vásquez sugirió que solamente se deberían tener en cuenta en el numero de registros con responsables juzgados, los casos en los que los militares hayan aceptado ante la JEP su responsabilidad.

Este recurso judicial fue rechazado por familiares de las víctimas, quienes no aceptan que se ponga en tela de juicio las cifras del estudio realizado por el tribunal, ni que exista una vulneración a la posible inocencia de los militares.

“De ninguna manera se está vulnerando, nosotros llevamos muchos años de investigaciones. A lo largo y ancho del país se dieron estos hechos, ellos están temerosos porque la cifra va a aumentar. Desde que esté la JEP diciendo es porque sí hay seguridad, tantos y tantos desaparecidos que hay” expresó Doris Tejada, madre de Óscar Tejada, una de las tantas víctimas.

La JEP respondió, el pasado 8 de marzo, las preguntas de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien a través de Twitter cuestionó las cifras de falsos positivos señaladas por el tribunal especial y le reiteró que el error había sido corregido dos días antes de que ella formulara el problema.

“¿Cuándo va a explicar la JEP porqué (sic.) este error en las cifras? Ni un solo falso positivo es aceptable, pero por cuenta de cifras al aparecer erradas, llevan dos semanas acabando mediáticamente y en redes sociales la legitimidad institucional. Mediatismo en la justicia no es sano”, escribió la vicepresidente a través de su cuenta de Twitter en la mañana de este lunes 8 de marzo.

Horas después, la JEP respondió directamente a la mandataria a través del mismo medio. “Señora Vicepresidenta, explicamos el pasado viernes: La JEP “reitera, en el siguiente auto, la cifra de los 6.402 falsos positivos registrados entre el 2002 y 2008. En el auto se corrigen errores involuntarios de digitación, que en nada modifican el universo provisional de hechos”, escribió y posteriormente posteó el auto 040 en el que se hacían las correcciones correspondientes.

La JEP señaló en ese documento que, posterior a la notificación, se identificaron algunos “errores involuntarios de digitación en algunas de sus cifras” que no habían sido identificados al momento de emitir el documento público.

“Dado el impacto de dichas cifras en una clara comprensión de las consideraciones que llevan a la Sala a la priorización del territorio de Casanare y la Provincia de la Libertad, y sus dimensiones del fenómeno, con fundamento esta disposición, la Sala de Reconocimiento procederá a corregir de oficio los errores en las cifras incluidas en el Auto No. 033 de 12 de febrero de 2021, en particular las incluidas en los numerales 90, 92 y 96 del apartado de consideraciones”, aseguró el tribunal especial.

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