En un fallo reciente del Tribunal de Cundinamarca se notificó que ahora Antonella Petro Alcocer y Sofía Petro Alcocer, hijas del senador Gustavo Petro recibirán más de 72 millones de pesos cada una, al igual que sus hermanos Andrea Giovanna Petro Herrán y Andrés Gustavo Petro Herrán, “por concepto de perjuicios morales,” en el caso de las conocidas ‘chuzadas’ del DAS.
En el fallo se especifica que se condena a la Nación, específicamente al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Nación, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); como reparación del daño ocasionado a pagar un total de $7.090.942.276, reportó La FM.
Previamente, en agosto de 2020, Antonella y Sofía no quedaron incluidas en la indemnización que debía pagarle el Estado a la familia de Gustavo Petro por las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas él y su núcleo cercano entre 2002 y 2010 por ser parte de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El senador había pedido 7.090 millones de pesos pero el Tribunal de Cundinamarca lo indemnizó por cerca de 600 millones de pesos, es decir, 600 salarios mínimos.
En ese momento esta indemnización se le dio a su esposa Verónica Alcocer, a sus dos hijos con su exesposa Maryluz Herrán (Andrea y Andrés), a sus dos hermanos y a sus padres por las violaciones a su intimidad y la de su familia, siendo entera responsabilidad de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, exdirectivos del DAS. Pero este nuevo fallo incluye a sus dos hijas menores.
Ahora ellas recibirán 80 salarios mínimos mensuales vigentes, unos 72′682.080 millones de pesos cada una, aunque Petro pidió en su demanda de indemnización 500 por cada hijo.
“Acaba de fallar el tribunal administrativo Cundinamarca, a mi favor y mi familia. El tribunal administrativo dice que hubo un concierto entre el DAS, la UIAF y la Presidencia de la República para perseguirnos en los años 2006/09″, escribió en su momento el senador en su cuenta de Twitter.
La posible preclusión en los presuntos culpables
Según información del periódico santandereano Vanguardia Edmundo del Castillo, entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República y Cesar Mauricio Velásquez, entonces secretario de prensa en el segundo periodo del gobierno de Uribe, podrían salir beneficiados en los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia porque están a punto de precluir.
Esto se debe, según el diario El Colombiano, a maniobras dilatorias, tal cual como pasó con con dos abogados de exparamilitares implicados en este caso de seguimientos y escuchas ilegales. Se trata del jurista Sergio Augusto González Mejía quien fue el defensor de José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, exparamilitar a quien se le señaló de acusar falsamente al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de esa época, Iván Velásquez, por supuestamente haberle ofrecido beneficios si acusaba al entonces presidente Uribe.
También ocurrió lo mismo con Diego Álvarez Betancourt quien fue el apoderado del ‘expara’ Sergio Antonio López, alias Job, quien fue sindicado de acordar un plan delincuencial para grabar clandestinamente reuniones de magistrados auxiliares de la Corte con internos en la cárcel La Picota y diligencias reservadas en ese alto tribunal.
Los procesos de estos dos abogados estuvieron marcados por maniobras dilatorias, por las que incluso se tuvo que compulsar copias a para que se investigara al entonces director regional de la Defensoría del Pueblo, Rafael Hernando Navarro, por constantes aplazamientos de dichas diligencias.
De acuerdo con este diario, la Fiscalía solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que se declare la complejidad excepcional para que el juez del caso se dedique solo a ese proceso.
Esta alerta se da luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que estudiará la impugnación de las condenas de la exdirectora de esa entidad, María del Pilar Hurtado y de Bernardo Moreno, exsecretario de general de la Presidencia.
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