El exmagistrado Gustavo Malo, acusado de exigir 2.000 millones de pesos al exsenador Musa Besaile y de 1.200 millones de pesos al exsenador Álvaro Ashton, solicitó, en la tarde de este miércoles 10 de marzo, que la Corte Suprema haga un cambio de jueces en su proceso.
Dicha solicitud, hecha a través de recusaciones, atañe por un lado a Blanca Barreto y Ariel Torres, dos de los tres jueces de la Sala Especial de Primera Instancia que manejan el caso y a quienes el acusado señala de no ser imparciales con respecto a esa diligencia en particular.
Según Malo, “los magistrados ahora recusados, que tienen a su cargo el juzgamiento de este proceso en mi contra, emitieron conceptos extraprocesalmente cuando para entonces fungían como magistrados auxiliares dentro de la investigación previa, adelantada contra el senador Álvaro Ashton, que tiene carácter sustancial”, por lo que estarían viciados para juzgarlo a él.
En ese sentido, continuó el exmagistrado, “de manera respetuosa, solicito la separación del conocimiento de la presente actuación procesal de los doctores Ariel Torres y Blanca Barreto, en aras de garantizar la absoluta imparcialidad, la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados y de los sujetos intervinientes a obtener un fallo protegido por un tribunal imparcial”.
Adicionalmente, el procesado se refiere de nuevo a Torres, y a su tercer juez, Jorge Caldas, en una segunda recusación en la que manifiesta que ambos funcionarios participaron en la decisión que lo sentenció a pagar detención preventiva, y en la que, de acuerdo con Malo, se le prejuzgó su responsabilidad a sabiendas que iban a ser estos dos quienes participaran en el actual juicio.
De acuerdo con el documento, “se hace necesario despejar y definir antes que se asuma una decisión de sentencia a nivel doméstico en este asunto, pues se trata de una garantía internacional y constitucional mucho más cuando este caso ya lo he presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de garantías convencionales y constitucionales en plano nacional, solo el paso del tiempo será la voz que nos diga quién tiene la razón”.
Por dichas razones, el exmagistrado señaló que ninguno de los tres encargados de su caso puede tomar decisiones sobre una futura prisión preventiva en su contra. “quien juzga no puede anticipar ni contaminarse bajo ninguna forma sobre la presunta responsabilidad penal del sindicado”, agregó.
Como resultado, la audiencia que iba a ser destinada a alegatos finales y comentarios de conclusión, tuvo que ser suspendida mientras el alto tribunal da respuesta a las recusaciones presentadas por la defensa de Malo. Las mismas, valga decirlo, llegan casi cinco meses después de que el Consejo de Estado le negara la libertad condicional al exmagistrado.
No sobra mencionar que Malo está siendo procesado por el llamado ‘Cartel de la Toga’, un esquema en el que jueces y magistrados colombianos recibían coimas, en este caso de parlamentarios, para conducir distintos procesos judiciales hacia resultados favorables para quienes enviaban el dinero a los togados. Por esto, es acusado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias, prevaricato por acción y por omisión, y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
El caso de Malo se reabre a un día de la sentencia en contra del también expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, quien en los últimos días fue hallado culpable de participar en el ‘Cartel de la Toga’. La Fiscalía le imputó los delitos concierto para delinquir y cohecho.
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