Defensores de derechos humanos y otros políticos denunciaron la muerte de varios menores de edad en un bombardeo del Ejército que se realizó el pasado 2 de marzo en el municipio Calamar, en el departamento del Guaviare, contra el grupo guerrillero de alias Gentil Duarte.
Medicina Legal, en un informe preliminar entregado a algunos medios de comunicación, señaló que entre las víctimas se encontró el cuerpo de una menor de 16 años de edad, mientras que los demás fallecidos corresponden a personas desde los 19 hasta los 39 años, según indicó la revista Semana.
Así mismo, el Instituto de Medicina Legal continúa con las verificaciones de los cuerpos, especialmente dos que corresponderían a ciudadanos de nacionalidad venezolana que hasta el momento no han podido ser identificados.
Se trata de un reporte preliminar que continúa bajo investigación. El exconcejal Hollman Morris, quien realizó la denuncia públicamente, señaló que se debe continuar con el análisis de las víctimas pues varias familias de la zona han reportado menores de edad desaparecidos. Así mismo, señaló que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de esa entidad.
En la denuncia inicial, Morris indicó que “los cuerpos de los niños Jonathan Sánchez Zambrano de 15 años, Sebastián Andrés Varón Rojas de 16 años, Dana Lizet Montilla con 16 años, muertos en bombardeo se encuentran en la morgue de Villavicencio”, y agregó que hay dos cuerpos más sin identificar.
De acuerdo con RCN Villavicencio, se identificaron ocho de los diez cuerpos hallados en la zona del bombardeo, los cuales corresponden a un hombre N.N. entre 20 y 25 años de edad, Luisa Fernanda Felantana Quichoya 19 años, Jhonatan Sánchez Zambrano de 19 años, Harrison Prada Cortés de 20 años, Andrés Sebastián Barón Rojas de 19 años, Yésica Lorena Joven Vargas de 23 años, Dana Liseth Montilla Marmolejo de 16 años, Yudi Alexandra Restrepo Tovar de 25 años y Irian Manuel Vanegas Vásquez 30 años.
Respecto a esa información, el senador Roy Barreras, quien replicó la denuncia de Morris, señaló que la edad de dos de esos cuerpos, en comparación con sus documentos de identidad, serían niños de 10 y 16 años.
Según la información del precandidato presidencial, Jhonatan Sánchez Zambrano nació en Paujil, Caquetá, el 30 de junio de 2011, por lo que tendría 10 años y no 19 como se señala. Así mismo pasaría con Andrés Sebastián Varón Rojas de 16 años de edad.
El Ejército indicó también este 10 de marzo que “en el desarrollo de esta operación militar, a la fecha, se han logrado los siguientes resultados: 12 muertos en desarrollo de operaciones militares; la identidad, sexo y edad serán establecidas por las autoridades competentes. En el sitio también se presentaron tres capturas y la recuperación de dos menores de edad, quienes ya se encuentran bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en San José del Guaviare”.
“Eran máquinas de guerra”
El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló en entrevista con Blu Radio que el bombardeo en Calamar, Guaviare, se había realizado apegado en contra de una “estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, correspondiente a la disidencia de alias ‘Gentil Duarte’.
“Están haciendo una afirmación de que había 12 niños. Lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando acciones terroristas. Nuestro Ejército planea operaciones contra estructuras que planifican hostilidades. Aquí lo que tenemos son niños que hacen parte de una estructura de guerra, capaz de cometer atentados”, aseguró Diego Molano a ese medio.
La declaración ha generado indignación, pues aunque el Derecho Internacional Humanitario considera que los menores reclutados pueden ser blancos legítimos, para esta definición deben cumplir condiciones como participar activamente de las hostilidades.
Así mismo, el Código de Infancia y Adolescencia colombiano, en su artículo 7. establece protección integral para los menores de edad. “Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”.
Adicionalmente, el Acuerdo de Ginebra señala que “los niños serán objeto de respeto especial” y las partes en conflicto deben ejercer todas las acciones para evitar que los menores participen de las hostilidades y los menores de 15 a 18 años sean reclutados.
“Si niños menores de quince años participarán, a pesar de todo, directamente en las hostilidades y cayeran en poder de la parte adversa, seguirán gozando de la protección del presente artículo, sean o no prisioneros de guerra. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto cuando los miembros de una misma familia sean alojados juntos”, dice en su artículo 77.
“No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años”, agrega el Acuerdo de Ginebra.
Al parecer, ya se alista un debate de control político por parte de Roy Barreras en el Congreso de la República, una acción que recuerda la misma discusión en el Senado que cobró el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero, por un bombardeo en Caquetá donde habrían muerto al menos ocho menores de edad.