Autoridades indígenas se pronunciaron sobre los nueve militares capturados y pidieron reunión con el Ejército Nacional

Miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y los voceros de la guardia indígena se pronunciaron formalmente, en la tarde de este miércoles 10 de marzo, sobre los hechos que llevaron a la retención y posterior liberación de nueve miembros del Ejército Nacional de Colombia en la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín.

A través de una rueda de prensa extraordinaria y un comunicado oficial, el coordinador nacional de la Guardia Indígena, Alfredo Acosta señaló que, “Estamos indignados porque el Ejército Nacional, que debe cuidar a la gente, está entrando a los territorios a violentar, a disparar, a asesinar”.

Su reclamó continuó al señalar que, “a los Pueblos Indígenas nos vinculan como guerrilleros cuando cuidamos y hacemos el control territorial en los territorios, yo hago un llamado a los organismos internacionales para que verifiquen las acciones del Ejército Nacional”, refiriéndose a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la misión de la ONU para la defensa de los mismos en Colombia.

Acosta continuó su intervención legitimando la función de la Guardia Indígena, al señalar que se trata de una organización compuesta por al menos 70.000 personas, que se dedican a ejercer control sobre los territorios indígenas del país, por lo que pide que “no nos vengan a hacer ver como los malos, los secuestradores y narcotraficantes”.

En ese sentido, se le dio paso a la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, que señaló que, “desmiente y rechaza de manera categórica los señalamientos hechos por el Ejército Nacional, medios de comunicación departamental y nacional, y del consejero de seguridad nacional Rafael Guarín”.

Según explicó este último organismo, los hechos del pasado 8 de marzo se dieron cuando la Guardia preguntó a miembros del Ejército que se encontraban en la carretera acerca de una presunta incursión armada en la comunidad de Consuelo Bajo, “a lo que el Ejército Nacional negó la presencia de sus hombres al interior de la comunidad”.

No obstante, asegura la Mesa de Diálogo y Concertación, posteriormente fueron descubiertos nueve miembros de las fuerzas armadas colombianas, “que habían incursionado y herido a un miembro de la comunidad. La Guardia Indígena custodia al personal capturado y los alberga en la casa comunitaria respetando los principios básicos de los derechos humanos”, señalan, negando las acusaciones de secuestro del comandante del Ejército, Enrique Zapateiro.

Por esos motivos, la ONIC presentó las siguientes exigencias a la sociedad colombiana:

1. Respeto a la autonomía de los Pueblos Indígenas, la inviolabilidad de nuestros territorios, la jurisdicción territorial propia y el ejercicio legítimo de autoridades de gobierno indígena.
2. Retractación de las declaraciones realizadas tanto por parte de los miembros del Ejército Nacional como del Consejero Presidencial de Seguridad del Gobierno de Duque sobre las acciones de la Guardia Indígena ante los hechos ocurridos en el departamento del Chocó , la creación y el ejercicio de control territorial de la guardia está legalmente constituida y representa un órgano vital para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en Colombia y más aún, en territorios tan difíciles en términos de seguridad como lo es actualmente el departamento del Chocó.
3. Cumplimiento integral de los acuerdos realizados entre las comunidades indígenas y el Gobierno de Colombia, en cuanto a protección individual y colectiva de los Pueblos Indígenas, los cuales deben ser concertados con sus autoridades tradicionales y con enfoque diferencial indígena, así como de aquellos derivados del Capítulo Étnico para la Paz.
4. Desmonte de la Doctrina de Seguridad Militar, que convierte a los colombianos en “enemigo interno”, impidiendo la consolidación de una paz estable y duradera para lo cual llamamos a avanzar en el Acuerdo Humanitario.

De igual manera, Acosta solicitó “un diálogo con los altos mando del Ejército, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero nos preocupa mucho la gravedad de los señalamientos que nos han hecho”. El mismo, sería para hablar sobre la situación que se presentó y acordar protocolos de comportamiento de uniformados al interior de los resguardos indígenas.

No sobra recordar que, la liberación de los nueve militares se dio el pasado 9 de marzo, luego de negociaciones del comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, junto a delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y líderes sociales.

Los retenidos, de acuerdo con el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, hacen parta de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó - Medellín.

Zapateiro afirmó a los medios de comunicación que está buscando una salida negociada con la comunidad indígena, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El comandante, sin embargo, fue enfático en que se trata de un secuestro:

Sin embargo, el gobernador del resguardo indígena El Consuelo en el Carmen de Atrato (Chocó), Alfonso Queragama, se pronunció ante los hechos y aseguró, a RCN Radio, que no se trata de un secuestro. Además, cuestionó la forma de actuar de los militares en esa región del país, tras las denuncias de las comunidades nativas sobre atropellos cometidos por parte de la fuerza pública.

“Esto no es secuestro. La verdad es que mientras que el coronel del Chocó habla del secuestro, ellos nunca se pronuncian de las heridas que han causado a la Guardia Indígena y eso sí no se dice”, indicó el líder indígena.

Asimismo, manifestó que el había sido uno de los heridos en medio del enfrentamiento que se presentó en las últimas horas, pero que “hasta el momento no tenemos personas graves”. El vocero de la comunidad aclaró que los militares retenidos estaban persiguiendo a la población desplazada.

“Para nosotros no es fuerza pública quienes persiguen a la población desplazada, ahí no se presentó enfrentamiento en el resguardo ni en la comunidad, solamente hubo un tiroteo entre el grupo desconocido con la Guardia, la verdad es que no se tuvo combates”, explicó al medio.

Respecto a las condiciones en que se encuentran los soldados, Queragama admitió que en un principio fueron amarrados, sin embargo, posteriormente les soltaron de las manos y les brindaron todas las atenciones.

“Ellos amanecieron en la casa sin estar amarrados. Con el apoyo de la Personería se les brindó comida y colchonetas a los soldados y nos dijeron que había amanecido bien”, confesó.

Se conoció que en las próximas horas serían liberados los nueve soldados que fueron retenidos mientras cumplían una misión operacional contra grupos armados organizados en esa región del país.

“Al lugar se dirige el comandante de la brigada y líderes de la comunidad indígena, para que los soldados continúen con su misión constitucional”, explicó el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus, a RCN Radio.

Asimismo, explicó la situación en la que se presentó la retención, dejando en claro que los soldados si se encontraban en una misión y no detrás de la población desplazada, como afirmó Queragama.

“Aquí se monta toda la operación militar con toda la inteligencia y cuando están cerca a la ubicación de estos bandidos, dos indígenas entran donde se encuentra la tropa observando. Salen de ahí gritando hacia el Cabildo y se escuchan unos disparos de arma corta como una especie de advertencia. El sargento procede a llamar al comandante del batallón a decirle que los habían detectado, le comunican que se retire hacia la carretera porque ya no tenía propósito la operación y evitar problemas con los indígenas”, contó.

Respecto a la situación jurídica, Mateus manifestó que el Ejército demandará a las comunidades indígenas que estuvieron involucradas en esta desagradable situación.

“Esto se constituye en un delito, no hay ninguna norma que le permita a las autoridades indígenas retener personas contra su voluntad y menos funcionarios públicos. Pensamos con nuestros jurídicos que acá se configura el delito de secuestro, asonada, violencia contra servidor público y estamos revisando tortura. Vamos a poner las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.

La retención tendría relación con el desplazamiento de 17 familias de la comunidad Consuelo Bajo, este 8 de marzo, tras la incursión de estructuras armadas al margen de la ley.

En la tarde de este 8 de marzo, el senador Feliciano Valencia dio a conocer un nuevo caso de desplazamiento en Carmen de Atrato, Chocó, por “incursión paramilitar”.

De acuerdo con la información compartida por Valencia en Twitter, 17 familias (62 personas) dejaron sus viviendas en el resguardo doce, Quebrada Borbollón, en Carmen de Atrato por una “incursión paramilitar”. Además, hizo un “llamado urgente a todas las instituciones competentes para su atención y garantías”.

En uno de los videos que adjuntó el senador se ve una fila de indígenas dejando sus territorios y se escucha a uno de ellos (el gobernador de esta comunidad), quien tomó el registro audiovisual del hecho, decir:

En el segundo video, se escucha lo siguiente: “Hoy se encuentra la situación muy preocupante en la comunidad del Consuelo parte baja. En este momento, hace la 1:30 se atacan la comunidad, son seis personas, con buen arma, con buen fusil. Han herido a un muchacho, por lo cual ya hacemos un desplazamiento hacia el municipio de Carmen de Atrato. Vamos desplazados 17 familias y 62 personas”.

Acerca de lo ocurrido, el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos, manifestó que activó una ruta de atención a los indígenas con la Gobernación de Chocó y las autoridades para garantizar la seguridad de estas comunidades, además de verificar su situación.

“Hemos recibido un llamado de nuestra comunidad indígena Consuelo Parte Baja que nos cuenta que, al parecer, hubo intervención de un grupo al margen de la ley. Se apoderaron de la comunidad y, al interior de la misma, hay dos heridos”, señaló Ríos a RCN Radio.

Y agregó: “Nosotros acudimos al Ejército, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Chocó y a la Secretaría del Interior, para colocarlos al tanto de lo que está ocurriendo”.

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