Ministro de Defensa le responde a la ONU sobre aspersión aérea de glifosato

El ministro de Defensa, Diego Molano, envió una respuesta frente a la carta de la ONU en la que le recomienda al Gobierno colombiano no reiniciar la fumigación con glifosato por la afectación de Derechos Humanos y el medio ambiente. Para el alto funcionario, el mecanismo es “preciso” para eliminar los cultivos ilícitos en Colombia, motivante de la guerra interna que vive el país.

De hecho Molano declara que uno de los principales retos que tiene el Gobierno es reducir las hectáreas de cultivos ilegales porque el narcotráfico es la “principal amenaza para Colombia”. Explica, además, que el presidente Iván Duque busca “eliminar esa fuente de violencia, que es la que genera homicidios colectivos y asesinatos a líderes sociales”.

El ministro dice que se hará una aspersión respetando los resguardos, zonas de reserva y espacios que cuenten con licencia, además de que se va a fumigar donde no haya cuerpos de agua cerca, todas estas exigencias que ha hecho la Corte Constitucional para dar vía libre a este proyecto desde que lo suspendió en 2015.

Es que desde el 17 de diciembre un grupo de relatores de la ONU mediante una misiva expresó, su inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno colombiano reanude la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, propuesta que ha defendido en diferentes momentos el Ministerio de Defensa.

En la carta los relatores Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, entre otros, manifestaron que esta decisión traería consecuencia negativas para el acuerdo de paz y no respetaría la jerarquía estipulada por la Corte.

“Atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”, escribieron. Los relatores se refieren a que el mismo Acuerdo exige que primero se agoten todas las instancias de erradicación voluntaria y, en caso de que esta en definitiva fracase, se pase a aspersión aérea.

Pese al tono que uso el mecanismo, el Gobierno colombiano respondió con una misiva negándose a la petición y en un tono fuerte. La carta de respuesta fue suscrita por la vicecanciller, Adriana Mejía.

“los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas’”, señaló el documento.

Luego del argumento la misiva aseguró que “En este sentido, en nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”.

La carta dirigida a los relatores de la ONU comentó que los argumentos dados por los funcionarios “prejuzgan sin base”, cuando mencionaron que el Gobierno ha tomado decisiones que no cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para retomar esta práctica.

Termina el documento ratificando que “En virtud de lo anterior, y en el entendido que el Llamamiento Urgente no atiende lo establecido en el marco legal que rige el desempeño de los representantes de los procedimientos especiales, como me he permitido señalar, tengo a bien acusar recibo de la comunicación enviada por los Procedimientos Especiales, señalando que, en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos”.

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