Ayer, el Gobierno Nacional dio a conocer el borrador de convocatoria para la asignación de $85.000 millones, para la financiación gubernamental de las organizaciones de medios, un hecho que no tiene antecedentes en el país.
Este modelo ha sido aplicado en otras partes del mundo, como Francia, Canadá, Suecia, Estados Unidos, entre otros, que aparte de apoyos indirectos como tasas menores de IVA, por la pandemia, anunciaron ayudas a la prensa.
Esto se da tras años de lobby de algunos grupos de medios, que debido a la crisis han buscado la manera que el Estado ayude, por ejemplo, Asomedios, la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Flip, que han manifestado su preocupación por la desaparición de algunos medios de comunicación en el país si la situación persiste.
Pero este anuncio genera debates importantes porque algunas personas señalan que podría ser contraproducente para el trabajo que hace el periodismo y crearía espacios de censura en temas relacionados con la información que se transmitiría del Gobierno.
Los recursos asignados para los medios de comunicación fueron aprobados a través de la Ley 2063 de noviembre de 2020 (de rentas y recursos), que señaló que para serán “la financiación de programas, planes y proyectos, para la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación, con el objeto de promover la reactivación económica de los medios de comunicación”.
El borrador de convocatoria para la asignación de estos recursos (y otros ‘anexos técnicos) fue publicado el pasado viernes 5 de marzo en la página del MinTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En este se deja claro, que la repartición de los recursos se dará a través de una convocatoria, similar a la que se hace en otros temas como artes o como las organizaciones sociales. Sin embargo, surgen dos problemas, uno que la repartición de dichas ayudas serán desiguales y que el Gobierno entregue dinero en un año preelectoral.
La repartición de los recursos como los mencionó La Silla Vacía ”beneficiarían máximo 760 de los más de 2.200 medios que el Ministerio encontró”, además que “por los requisitos de parafiscales, muchos medios digitales y locales no podrían acceder”.
Las cifras presentadas anteriormente, demostrarían que el problema estructural no se vería resuelto con las ayudas del Gobierno y que se crearía un riesgo de desigualdad mayor en los medio,
Por otro lado, aunque el borrador sólo recibirá comentarios hasta el 15 de marzo, aun presenta muchos vacíos como, de que forma accederían los conglomerados de medios o que Universidad va hacer el proceso de selección.
De acuerdo con Guillermo Franco, en un articulo que público en La República, cualquier fuente de ingresos trae posibles conflictos de interés, como paso en Estados Unidos, donde en un estadio elaborado por Jeff Jarvi se hace el cuestionamiento sobre el choque que se genera entre el deber ser y los recursos.
“Aceptar fondos del gobierno, sin importar las supuestas salvaguardas, nos pone en riesgo de un conflicto de intereses mortal. ¿A quién servimos, entonces? ¿Necesito decirlo? (Para responderlo) Sigue el (rastro del) dinero”, dijo Jeff Jarvis, famosos en temas de periodismo digital y la búsqueda de nuevos modelos de negocios para los medios.
Finalmente, afectaría la credibilidad de los medios, que según la reciente encuesta de Ivamer Poll, presentan bajos niveles de confianza y favorabilidad por parte de los colombianos. Debido a que en el país, la corrupción a permeado las instituciones y por ello los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema.
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