Gobernador indígena justifica retención de militares en Chocó

Ocho soldados y su comandante fueron retenidos por un grupo indígena de la comunidad Consuelo Bajo, en la zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), este 8 de marzo.

Los retenidos, de acuerdo con el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, hacen parta de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó - Medellín .

Zapateiro afirmó a los medios de comunicación que está buscando una salida negociada con la comunidad indígena, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El comandante, sin embargo, fue enfático en que se trata de un secuestro:

Sin embargo, el gobernador del resguardo indígena El Consuelo en el Carmen de Atrato (Chocó), Alfonso Queragama, se pronunció ante los hechos y aseguró, a RCN Radio, que no se trata de un secuestro. Además, cuestionó la forma de actuar de los militares en esa región del país, tras las denuncias de las comunidades nativas sobre atropellos cometidos por parte de la fuerza pública.

“Esto no es secuestro. La verdad es que mientras que el coronel del Chocó habla del secuestro, ellos nunca se pronuncian de las heridas que han causado a la Guardia Indígena y eso sí no se dice”, indicó el líder indígena.

Asimismo, manifestó que el había sido uno de los heridos en medio del enfrentamiento que se presentó en las últimas horas, pero que “hasta el momento no tenemos personas graves”. El vocero de la comunidad aclaró que los militares retenidos estaban persiguiendo a la población desplazada.

“Para nosotros no es fuerza pública quienes persiguen a la población desplazada, ahí no se presentó enfrentamiento en el resguardo ni en la comunidad, solamente hubo un tiroteo entre el grupo desconocido con la Guardia, la verdad es que no se tuvo combates”, explicó al medio.

Respecto a las condiciones en que se encuentran los soldados, Queragama admitió que en un principio fueron amarrados, sin embargo, posteriormente les soltaron de las manos y les brindaron todas las atenciones.

“Ellos amanecieron en la casa sin estar amarrados. Con el apoyo de la Personería se les brindó comida y colchonetas a los soldados y nos dijeron que había amanecido bien”, confesó.

Se conoció que en las próximas horas serían liberados los nueve soldados que fueron retenidos mientras cumplían una misión operacional contra grupos armados organizados en esa región del país.

“Al lugar se dirige el comandante de la brigada y líderes de la comunidad indígena, para que los soldados continúen con su misión constitucional”, explicó el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus, a RCN Radio.

Asimismo, explicó la situación en la que se presentó la retención, dejando en claro que los soldados si se encontraban en una misión y no detrás de la población desplazada, como afirmó Queragama.

“Aquí se monta toda la operación militar con toda la inteligencia y cuando están cerca a la ubicación de estos bandidos, dos indígenas entran donde se encuentra la tropa observando. Salen de ahí gritando hacia el Cabildo y se escuchan unos disparos de arma corta como una especie de advertencia. El sargento procede a llamar al comandante del batallón a decirle que los habían detectado, le comunican que se retire hacia la carretera porque ya no tenía propósito la operación y evitar problemas con los indígenas”, contó.

Respecto a la situación jurídica, Mateus manifestó que el Ejército demandará a las comunidades indígenas que estuvieron involucradas en esta desagradable situación.

“Esto se constituye en un delito, no hay ninguna norma que le permita a las autoridades indígenas retener personas contra su voluntad y menos funcionarios públicos. Pensamos con nuestros jurídicos que acá se configura el delito de secuestro, asonada, violencia contra servidor público y estamos revisando tortura. Vamos a poner las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.

La retención tendría relación con el desplazamiento de 17 familias de la comunidad Consuelo Bajo, este 8 de marzo, tras la incursión de estructuras armadas al margen de la ley.

17 familias indígenas se desplazan de Carmen de Atrato, Chocó, por incursión armada

En la tarde de este 8 de marzo, el senador Feliciano Valencia dio a conocer un nuevo caso de desplazamiento en Carmen de Atrato, Chocó, por “incursión paramilitar”.

De acuerdo con la información compartida por Valencia en Twitter, 17 familias (62 personas) dejaron sus viviendas en el resguardo doce, Quebrada Borbollón, en Carmen de Atrato por una “incursión paramilitar”. Además, hizo un “llamado urgente a todas las instituciones competentes para su atención y garantías”.

En uno de los videos que adjuntó el senador se ve una fila de indígenas dejando sus territorios y se escucha a uno de ellos (el gobernador de esta comunidad), quien tomó el registro audiovisual del hecho, decir:

En el segundo video, se escucha lo siguiente: “Hoy se encuentra la situación muy preocupante en la comunidad del Consuelo parte baja. En este momento, hace la 1:30 se atacan la comunidad, son seis personas, con buen arma, con buen fusil. Han herido a un muchacho, por lo cual ya hacemos un desplazamiento hacia el municipio de Carmen de Atrato. Vamos desplazados 17 familias y 62 personas”.

Acerca de lo ocurrido, el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos, manifestó que activó una ruta de atención a los indígenas con la Gobernación de Chocó y las autoridades para garantizar la seguridad de estas comunidades, además de verificar su situación.

“Hemos recibido un llamado de nuestra comunidad indígena Consuelo Parte Baja que nos cuenta que, al parecer, hubo intervención de un grupo al margen de la ley. Se apoderaron de la comunidad y, al interior de la misma, hay dos heridos”, señaló Ríos a RCN Radio.

Y agregó: “Nosotros acudimos al Ejército, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Chocó y a la Secretaría del Interior, para colocarlos al tanto de lo que está ocurriendo”.

Defensoría del Pueblo pide eficacia al Gobierno

En lo que va de 2021 se han registrado 26 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 casos de desplazamiento masivo rural; es decir, un total de 40, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Estos hechos de violencia han afectado a 4.062 familias (11.150 personas), de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hizo un “llamado a las autoridades para que adopten medidas eficaces frente a hechos ocurridos durante los primeros meses del año”.

Entre los actores armados señalados del recrudecimiento de la violencia, la Defensoría señala facciones disidentes de las FARC-EP (frentes 36 y 18), el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros) y grupos de crimen organizado contra las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) en el noroccidente del país (subregiones como Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba).

Pero el desplazamiento en estas subregiones no se queda en ellas, sino que es un espejo en poblaciones como el Alto Baudó (Chocó), donde decenas de familias se han desplazado tras verse amenazadas por las minas antipersona instaladas por grupos al margen de la ley; además de Buenaventura (Valle del Cauca) y la zona del Catatumbo (Norte de Santander), donde esta problemática está presente, según la Defensoría del Pueblo.

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