Ocho soldados y su comandante fueron retenidos por un grupo indígena de la comunidad Consuelo Bajo, en la zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), este 8 de marzo.
Los retenidos, de acuerdo con el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, hacen parta de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó - Medellín .
Zapateiro afirmó a los medios de comunicación que está buscando una salida negociada con la comunidad indígena, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El comandante, sin embargo, fue enfático en que se trata de un secuestro:
“Es un secuestro cuando alguien detiene a los soldados en esas labores que son constitucionales. Somos respetuosos de sus situaciones especiales que manejan los indígenas y por eso le di órdenes al general Juvenal para que fuera personalmente a manejar esta situación con el gobernador indígena”.
El general Juvenal Urbino, de la Séptima División de el Ejército, es quien coordina con los organismos defensores de derechos humanos la liberación de los soldados, a quienes les quitaron sus armas y permanecen amarrados, como se ve en la fotografía suministrada por las autoridades.
La retención tendría relación con el desplazamiento de 17 familias de la comunidad Consuelo Bajo, este 8 de marzo, tras la incursión de estructuras armadas al margen de la ley.
17 familias indígenas se desplazan de Carmen de Atrato, Chocó, por incursión armada
En la tarde de este 8 de marzo, el senador Feliciano Valencia dio a conocer un nuevo caso de desplazamiento en Carmen de Atrato, Chocó, por “incursión paramilitar”.
De acuerdo con la información compartida por Valencia en Twitter, 17 familias (62 personas) dejaron sus viviendas en el resguardo doce, Quebrada Borbollón, en Carmen de Atrato por una “incursión paramilitar”. Además, hizo un “llamado urgente a todas las instituciones competentes para su atención y garantías”.
En uno de los videos que adjuntó el senador se ve una fila de indígenas dejando sus territorios y se escucha a uno de ellos (el gobernador de esta comunidad), quien tomó el registro audiovisual del hecho, decir:
“Estamos haciendo el desplazamiento (...) por la cuestión del paramilitar. Nos atacaron a la una de la tarde con armas de fuego, por lo cual en este momento estamos saliendo por otra vía hacia el desplazamiento del municipio de Carmen de Atrato. Que nos asuman responsabilidad el Estado, el Ejército, ellos son los responsables de esta situación”.
En el segundo video, se escucha lo siguiente: “Hoy se encuentra la situación muy preocupante en la comunidad del Consuelo parte baja. En este momento, hace la 1:30 se atacan la comunidad, son seis personas, con buen arma, con buen fusil. Han herido a un muchacho, por lo cual ya hacemos un desplazamiento hacia el municipio de Carmen de Atrato. Vamos desplazados 17 familias y 62 personas”.
Acerca de lo ocurrido, el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaiberth Ríos, manifestó que activó una ruta de atención a los indígenas con la Gobernación de Chocó y las autoridades para garantizar la seguridad de estas comunidades, además de verificar su situación.
“Hemos recibido un llamado de nuestra comunidad indígena Consuelo Parte Baja que nos cuenta que, al parecer, hubo intervención de un grupo al margen de la ley. Se apoderaron de la comunidad y, al interior de la misma, hay dos heridos”, señaló Ríos a RCN Radio.
Y agregó: “Nosotros acudimos al Ejército, a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación de Chocó y a la Secretaría del Interior, para colocarlos al tanto de lo que está ocurriendo”.
Defensoría del Pueblo pide eficacia al Gobierno
En lo que va de 2021 se han registrado 26 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 casos de desplazamiento masivo rural; es decir, un total de 40, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Estos hechos de violencia han afectado a 4.062 familias (11.150 personas), de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hizo un “llamado a las autoridades para que adopten medidas eficaces frente a hechos ocurridos durante los primeros meses del año”.
Entre los actores armados señalados del recrudecimiento de la violencia, la Defensoría señala facciones disidentes de las FARC-EP (frentes 36 y 18), el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros) y grupos de crimen organizado contra las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) en el noroccidente del país (subregiones como Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba).
Pero el desplazamiento en estas subregiones no se queda en ellas, sino que es un espejo en poblaciones como el Alto Baudó (Chocó), donde decenas de familias se han desplazado tras verse amenazadas por las minas antipersona instaladas por grupos al margen de la ley; además de Buenaventura (Valle del Cauca) y la zona del Catatumbo (Norte de Santander), donde esta problemática está presente, según la Defensoría del Pueblo.
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