La sala plena del Consejo de Estado informó que, este 9 de marzo, con una votación de 17 en contra 9 a favor de la ponencia del magistrado Alberto Montaña, se definió que no hubo favorecimiento en el trámite de aprobación para la Zona Franca de Occidente, en Mosquera, Cundinamarca, para Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del exsenador Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo con el alto tribunal, ni dicha intervención, ni la acción popular interpuesta por el periodista Felipe Zuleta Lleras, demostraron pruebas de una alegada afectación del principio de moralidad en la administración pública en la decisión que dio vía libre a la apertura del territorio libre de responsabilidades tributarias.
Como resultado de esa votación, el magistrado Carlos Moreno deberá presentar una nueva ponencia en la que quede plasmada la votación en contra de la denuncia.
De esta forma, la corporación dejó en firme un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2011 había decidido negar esa misma acción popular aludiendo a que, “lo cierto es que no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha en la cual, el doctor Álvaro Uribe Vélez no era Presidente de la República”.
El pleito data de 2006, año en el que Uribe no sólo ganó la reelección presidencial, sino el que los hermanos Uribe Moreno se hicieron, mediante una fiducia constituida por Residuos Ecoeficiencia (donde los hijos del exmandatario tenían un 60 por ciento de participación), a los lotes San Laureano y El Paraíso del municipio de Mosquera, que dos años más tarde serían declarados como Zona Franca por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Dian.
El meollo del asunto radica en que, tras esa declaración, el valor de los predios adquiridos por Jerónimo y Tomás experimentó un incremento de hasta 90 veces el que tenía cuando fueron comprados por los dos jóvenes empresarios. Los mismos pasaron de un valor de 33 millones de pesos a un total de 3 mil millones de pesos.
Lo anterior, con el agravante de que Tomás y Jerónimo le vendieron terrenos aledaños a los que terminarían convirtiéndose en la Zona Franca de Occidente a la firma Inversiones ALC, cuyos socios son familiares de Álvaro Rozo Castellanos, el alcalde de Mosquera que también le dio la venia a la zona libre de impuestos en cuestión.
Esto, por supuesto, levantó sospechas entre la opinión pública, y periodistas como Daniel Coronell llegaron a señalar que “‘Los Hijos del presidente se enriquecieron con decisiones de subalternos de su padre”, recordando que en ese entonces, los representantes de la Zona Franca de Occidente solicitaron la aprobación del proyecto a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas conformada por los ministros de Comercio, de Hacienda y Consejero de la Presidencia de la República, la Directora del Departamento Nacional de Planeación y el director de la Dian de ese entonces.
Son precisamente estas dependencias del Estado las que enfrentaban desde 2011 la acción popular que, por segunda vez, esta tarde, ante la Sala Plena Contenciosa de lo Administrativo, no pudo lograr demostrar el presunto beneficio que se habría otorgado en favor de los hermanos Uribe Moreno.
El Consejo de Estado, entonces, mantuvo en firme la resolución 1825 de 2018 expedida por la Dian, “por medio de la cual se declara la existencia de un área geográfica como Zona Franca Permanente de Occidente y se autoriza como Operador a la sociedad Zona Franca de Occidente”. De esta manera, se da fin a un pleito que duró diez años.
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