Marta Lucía Ramírez le pide a la JEP que explique de dónde sacó sus cifras de ‘falsos positivos’

El pasado 18 de febrero, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en un proceso de investigación y recolección de información que en Colombia, que entre 2002 y 2008 se produjeron 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales (inocentes presentados como bajas en combate) y no 2.248 como lo reportó previamente la Fiscalía General de la Nación al tribunal.

Ante esto, el Gobierno nacional, a través del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que, “es muy importante que la Misión de Verificación de la ONU le haga seguimiento a este aspecto fundamental de los falsos positivos porque es importante que se verifique, no solamente una estadística de bases de datos, sino que cada uno de los casos se esclarezca, porque no son números, son personas, y en ese sentido hay que identificarlas una por una y saber cuál fue la razón de su muerte”.

Asimismo, Ceballos pidió claridad al tribunal de paz para que “llegue muy rápidamente a las conclusiones de sus investigaciones sobre las cifras que han dado sobre posibles ‘falsos positivos’, que deben ser primero que todo verificadas”.

Pues bien, este 7 de marzo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, reiteró a través de su cuenta de Twitter, el llamado del Gobierno para que la JEP explique cómo llegó a la conclusión de estas cifras.

“Si esto es cierto, es MUY grave la creación en el imaginario colectivo por la JEP de cifras que nunca existieron. Por supuesto, un solo muerto por falsos positivos es grave y contraria el respeto a derechos humanos que dejamos explícito en Política de Seguridad Democrática”, agregó la vicepresidenta.

En días recientes, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ofreció a Noticias Caracol más detalles sobre el informe que da cuenta de los ‘falsos positivos’ en Colombia y señaló que las cifras publicadas provienen de siete bases de datos tanto nacionales como internacionales, incluyendo dos de la Fiscalía, como el SPOA; una del Centro de Memoria Histórica, versiones voluntarias y testimonios de implicados y hasta de fuentes como ONG de Estados Unidos y Europa.

”No hubo un solo banco de datos que no fuera objeto de escrutinio y de verificación, tanto los públicos como los privados, y quiero señalar que, en la JEP también participan las víctimas y las organizaciones de víctimas y no tenemos por qué estigmatizar ningún banco de datos de víctimas”, explicó el presidente de dicha corporación.

Adicionalmente, el magistrado le dijo al noticiero que se decidió investigar entre 2002 y 2008, porque es el periodo de tiempo en el que se detecta un crecimiento considerable en la curva de frecuencia con la que se presentó el delito en el país. De igual forma, señaló que “desde el punto de vista del derecho internacional, es uno de los capítulos más negros de la historia del conflicto armado, que necesita ser reconocido por Colombia en términos de verdad y responsabilidad”.

La JEP determinó que, Antioquia registró el 25 por ciento total de las víctimas de este crimen cometido por el Estado y a su vez explicó que, además del departamento antioqueño, son otros cinco los territorios en donde general se registraron la mayoría de los casos, estos son la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

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