Defensoría del Pueblo pide eficacia al Gobierno nacional por el desplazamiento de 11.150 ciudadanos en Colombia

El desplazamiento forzado en poblaciones rurales en el Chocó y el Urabá antioqueño las últimas semanas dejaron todavía más en evidencia el recrudecimiento de la violencia en Colombia, que desde al año pasado comenzó a intensificarse mediante masacres. El control territorial de estructuras armadas dedicadas el narcotráfico y la ausencia estatal, entre otras, han detonado en estas problemáticas, y por ello, este 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo reclamó eficacia en sus acciones al Gobierno nacional.

El reclamo, sustentado en cifras, fue dado a conocer en un comunicado de prensa, en el que se lee: “La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que adopten medidas eficaces frente a hechos ocurridos durante los primeros meses del año”.

En lo que va de 2021 se han registrado 26 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 casos de desplazamiento masivo rural; es decir, un total de 40, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Estos hechos de violencia han afectado a 4.062 familias (11.150 personas), de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano.

“Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”, agregó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Evidencia de la gravedad del desplazamiento forzado es el municipio de Peque (Antioquia). El pasado 4 de marzo, mientras 86 familias de tres veredas regresaban a sus viviendas (de las cuales se vieron obligadas a salir el 26 de febrero), acompañadas el personal de la Unidad de Víctimas y el Ejército Nacional, otras 14 se desplazaron al casco urbano por el temor de perder sus vidas.

Lo que ocurre en Peque es que el ‘Clan del Golfo’, la estructura armada dedicada al narcotráfico más grande del país, se disputa el poder con grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Y en esta guerra, señalan a los pobladores de pertenecer a un bando o otro.

Entre los actores armados señalados del recrudecimiento de la violencia, la Defensoría señala facciones disidentes de las FARC-EP (frentes 36 y 18), el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros) y grupos de crimen organizado contra las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) en el noroccidente del país (subregiones como Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba).

Pero el desplazamiento en estas subregiones no se queda en ellas, sino que es un espejo en poblaciones como el Alto Baudó (Chocó), donde decenas de familias se han desplazado tras verse amenazadas por las minas antipersona instaladas por grupos al margen de la ley; además de Buenaventura (Valle del Cauca) y la zona del Catatumbo (Norte de Santander), donde esta problemática está presente, según la Defensoría del Pueblo.

Así, pues, la Defensoría manifestó a las autoridades “la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas”.

La entidad solicitó brindar medidas para mitigar el riesgo de las comunidades afectadas, con acciones eficaces de prevención y protección, “que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población”, junto con la atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.

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