La construcción de la sede de la Universidad Tecnológica de Chocó en Itsmina aún no se ha terminado, a pesar de que el contrato para la misma fue adjudicado en el 2013, la edificación es un ‘elefante blanco’ más del país. Por tal motivo, la Fiscalía General de Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, quienes estarían involucradas en presuntas irregularidades de la obra.
“Los hechos dan cuenta que en el año 2013 fue subscrito el contrato de construcción de la edificación que albergaría a 1.300 estudiantes. Sin embargo, siete años después hay dos bloques en obra gris y rodeados por la maleza en un acelerado deterioro por la inclemencia del clima”, aseguró Eduard Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.
Las investigaciones evidenciaron que el terreno escogido, al parecer, no era apto para soportar una infraestructura de este tipo y, adicionalmente, se estableció que las obras habrían iniciado sin licencia de construcción y en un aparente desconocimiento de los parámetros definidos por las normas de sismo resistencia.
La Subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación (DNP) impuso, en la resolución 0244 deL27 de enero de 2017, medida de suspensión preventiva de giros, por incumplimiento del contrato y las deficiencias técnicas de la construcción. Según las autoridades, quedó en evidencia un presunto detrimento patrimonial por 4.100 millones de pesos.
Y es que desde el 2019 la Fiscalía estaba adelantando la investigación por presuntas irregularidades, según dio a conocer en su momento el Noticiero CMI, la indagación fue adelantada por la Fiscalía 94 de Bogotá y se estaba revisando la participación de cinco personas en lo que tenía que ver con la contratación de la primera etapa del centro educativo.
Desde ese tiempo, en la Fiscalía se tenía la certeza de que, al parecer, las personas vinculadas a la investigación serían exfuncionarios de la Gobernación del Chocó, mientras que ningún empleado de la universidad estaría vinculado al proceso.
Ahora, por estos hechos fueron imputadas con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, a las siguientes personas: los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación de Chocó, Dahaira Castillo Hurtado y Alberto Quintero Barco; al actual secretario de Infraestructura José María Córdoba Rentería; y al interventor económico, administrativo y financiero José Albert Lemus Lozano.
Adicionalmente fue imputado el secretario de Planeación de Istmina, Deysser Alonso Bonilla Martínez, por el delito de prevaricato por acción. Sin embargo, ninguno de los señalados aceptó los cargos.
Antecedentes
En una publicación hecha por la misma Universidad en el año 2015, se confirmó que la obra estaba siendo liderada por Eduardo García Vega, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, atendiendo un clamor de toda la ciudadanía de la región del San Juan. Además, señalaron que la construcción era posible gracias al proyecto diseñado por la UTCH y gestionado por la gobernación a través del Fondo Nacional de Regalías.
En el documento se especificó que la primera etapa avanzaba de manera significativa y se tenía previsto la construcción de un bloque de aulas y el edificio administrativo para comenzar a operar de manera presencial y virtual.
Allí se ofrecerían 11 programas de Educación Superior: Tecnología Minera, Ingeniería Agroforestal, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Trabajo Social, Derecho, Tecnología en Comercio Internacional, Tecnología Agropecuaria, Tecnología en Sistemas, Tecnología en Gestión Turística y Tecnología Acuícola; y se favorecerían a 12 municipios: Istmina, Tadó, Condoto, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Novita, San José del Palmar, Cértegui, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo, Sipi y a dos municipios de la zona del Baudó: Alto Baudó y Medio Baudó.
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