Vuelven a vandalizar el enorme mural de ‘¿Quién dio la orden?’, instalado por familiares de víctimas en Bogotá

El pasado 5 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, el colectivo Madres Falsos Positivos de Colombia y otros movimientos en defensa de las víctimas le volvieron a dar vida al mural ‘¿Quién dio la orden?’, en protesta contra estos crímenes y en rechazo a la censura que, desde que fue pintado en distintas calles de Bogotá y del país, ha recibido.

Lo pintaron en la calle 80 con carrera 30, cerca de las Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, con los datos más recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el 18 de febrero pasado documentó 6.042 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado.

No pasaron ni dos días cuando, este domingo 7 de marzo, y como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, volvió a ser censurado: los rostros de los miembros de Ejército a quienes se les señalan de dichos crímenes, plasmados en el mural, amanecieron arañados.

Fue la organización de abogados Cajar la que compartió la foto en Twitter con el gigantesco mural saboteado, acompañado del mensaje “#Atención La censura no cesa. Siguen destruyendo las expresiones de memoria de las víctimas. ¿Qué ocultan, si ya el país y el mundo conoce que bajo el mando de altos oficiales se asesinó a #6402 jóvenes, campesinos e indígenas? #QuienDioLaOrden”.

El trino fue compartido por congresistas como Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quien manifestó: “Rasguñan pero ya no pueden ocultar la verdad, cada vez somos más los que sabemos quien dio la orden. Fuerza”. Y así parece ser, el mural que el Juzgado13 Civil del Circuito de Bogotá ordenó retirar al Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), el 25 de febrero de 2020, tras una tutela interpuesta por el general Marcos Evangelista Pinto, uno de lo señalados, hoy se ha reproducido en muros de otras poblaciones en el país; incluso en tapabocas, que buscan preservar la memoria.

El pasado sábado, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo, compartió un trino que dice: “Hoy, 6 de marzo, día de la dignidad y la memoria de las víctimas de crímenes de Estado, en el centro de Medellín: ¿Quién dio la orden para convertir a 6.402 jóvenes en ‘falsos positivos’?”. En la publicación se ve el mural en la capital de Antioquia, uno de los departamentos que más ha padecido el conflicto y las muertes presentadas como bajas en combate.

Y ante al interés de seguir censurando los murales, las Madres de Falsos Positivos de Colombia, han decidido grabar los rostros de quienes son señalados de las ejecuciones extrajudiciales en sus tapabocas, como en la siguiente fotografía, frente al mural. “En la calle 80 con cra. 30 estamos recordándole al mundo que sabemos quien dio la orden. Te podrás librar de la justicia de los hombres pero no de la justicia divina. ¡Mafapo no se rinde carajo!”, proclamaron.

Por las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, el pasado 2 de marzo Rodrigo Londoño (Timochenko) pidió a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien al parecer aspirará a la jefatura de Estado en 2022, presentarse ante la JEP.

Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa entre 2002 y 2003, periodo en el cual, según la gráfica de la JEP, los casos registrados de ejecuciones extrajudiciales fueron entre los 500 y 600 al año. Según Omar Eduardo Rojas Bolaños, quien ha investigado este fenómeno en Colombia, bajo el liderazgo de Ramírez se da un indicador en el plan estratégico del sector Defensa para mostrar resultados: número de terroristas a dar de baja en el año. Ese indicador es transmitido a todas las Fuerzas Militares y a la Policía.

Si bien las cifras que había entregado la Fiscalía y organizaciones como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), son inferiores a las presentadas por la JEP, todas coinciden en que el período más álgido de este fenómeno se vivió entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

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