Naciones Unidas le pide al gobierno Duque replantear la aspersión aérea con glifosato

Este 7 de marzo, en medio de la polémica por el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato en el país, se conoció una carta enviada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al presidente Iván Duque donde le pide reconsiderar la implementación de esta estrategia. Aunque el documento se hizo público este domingo, fue emitido el pasado 17 de diciembre, como respuesta a una solicitud hecha por el centro de estudios Dejusticia y otras 16 organizaciones y grupos académicos.

La carta está firmada por siete relatores especiales de la entidad que representan varios sectores: Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medioambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. Ellos rechazan el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) porque argumentan que el uso del químico tiene consecuencias graves para la salud y el medioambiente.

“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el PECIG y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente. Estos hechos se estarían llevando a cabo en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”, se lee en la carta que se extiende nueve páginas.

La ONU explica asegura que hay evidencia contundente de los daños que el glifosato tiene sobre la salud reproductiva de las mujeres y los animales domésticos y polinizadores. Así mismo, se verían afectados el agua y los cultivos de pancoger, es decir, las principales formas de sustento de las comunidades donde se implementará el programa.

La reanudación del PECIG “atentaría y vulneraría” derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Además, va en contra de los compromisos que Colombia tiene firmados en relación a la prevención de la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el respeto de los derechos de los niños, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Incluso, no respetaría el Acuerdo Final de Paz.

Otro de los argumentos de los relatores de la ONU para rechazar el programa está relacionado con el “déficit participativo” que ha tenido el proceso. Este hecho impediría la inclusión y no tendría en cuenta los testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre cómo el químico afecta sus vidas.

Las afirmaciones de la ONU van de la mano con lo expuesto durante los últimos meses por distintas asociaciones campesinas del país que también rechazan el PECIG. A inicios de febrero, la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) aseguró que la situación genera temor en la comunidad y que esta estrategia es errónea, y termina aumentando las hectáreas de cultivos de coca.

“Es una política violenta volver a fumigar con glifosato. Es mejor replantear la política (de aspersión terrestre) y que se aplique la sustitución concertada con las comunidades. Se debe cumplir con los acuerdos de paz para reconstruir el tejido social con mejores servicios de salud, educación de calidad y no con un concurso amañado de maestros. Asimismo, saneamiento básico ambiental y seguridad alimentaria”, explica Olger Antonio Pérez, líder social del Catatumbo.

Teniendo esto en cuenta, la ONU finalizó la carta pidiéndole al Gobierno Duque que proporcione información sobre las medidas que tiene para prevenir el riesgo de las fumigaciones. También solicita que se revelen las observaciones que hace su Administración sobre las “condiciones estrictas” que puso la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-236 para una eventual reanudación del PECIG.

“Podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro cercano, ya que consideramos que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, concluyen los siete relatores, y agregan que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales de esta decisión.

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