Esta es la terna que se conformó para que el presidente Duque elija al gobernador encargado de Antioquia

Este viernes 5 de marzo, el grupo ‘Es el momento de Antioquia’ con el que fue elegido como gobernador en 2019 Aníbal Gaviria, conformó nuevamente una terna de la que saldrá el gobernador encargado del departamento.

Será el presidente Iván Duque quien designe al mandatario encargado mientras Gaviria define su situación judicial. Los ternados con: el actual gobernador encargado y secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez; la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria y el secretario de Infraestructura, Juan Pablo López.

Así las cosas, se repite la terna presentada en junio del año pasado cuando Gaviria fue detenido por primera vez. Cabe recordar, que dicho grupo está conformado por el profesor Luis Fernando Montoya, la hija del gobernador suspendido Emiliana Gaviria Márquez y Luis Fernando Suárez.

La detención de Gaviria

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Gaviria por irregularidades en el contrato de adecuación y pavimentación de la Troncal de la Paz y le impuso medida de aseguramiento preventiva en detención domiciliaria. El gobernador de Antioquia ya había estado privado de la libertad en junio de 2020 por el mismo proceso.

“El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

El fiscal valoró el material probatorio del contrato de mantenimiento de un tramo de la Troncal de la Paz que se construyó entre la Cruzada Caucasia en la vía que conecta a las el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, en el año 2005.

“El citado contrato fue suscrito cuando el señor Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778. La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%”, señaló el ente acusador por medio de un comunicado.

La tesis de la Fiscalía es que la variación del valor de la adición no tendría justificación técnica y correspondería a una “modificación caprichosa”. “Así mismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995′000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas”.

Según el ente investigador, esa adición no contaba con recursos técnicos. Mientras que el otrosí 2 de la obra genera suspicacias a los investigadores debido a que se firmó cuatro días antes de que Gaviria Correa terminara su periodo como gobernador y después de haber terminado el empalme con su sucesor.

Además, se incluyó como objeto del contrato la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz. “En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”, señaló la Fiscalía.

Otra de las irregularidades que halló el ente acusador para formular la acusación en contra del gobernador, es que antes de pagar el anticipo, se giró una suma de 5.000 millones de pesos al contratista para la adquisición de maquinaria, cuando uno de los requisitos del contrato para la licitación era que la empresa contará con el equipo suficiente y necesario para adelantar la obra.

“Para el fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. En ese sentido, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros”, señaló la Fiscalía.

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