Las minas antipersonal siguen afectando a la población rural de Colombia. El más reciente hecho se presentó en la tarde de este jueves cuando un campesino que se movilizaba en su moto por la vía que conecta al caserío de Palmarito con La Paz, en el departamento de Arauca, resultó herido, luego de que un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonara un campo minado. Al parecer, el hombre fue usado como señuelo para que el Ejército Nacional llegará al lugar.
De acuerdo con el Ejército, una vez las tropas militares llegaron a la zona para prestar la asistencia médica al campesino herido, el Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz, Comisión Omaira Montoya Henao del ELN atacó indiscriminadamente a las unidades militares, causando que uno de los enfermeros de combate recibiera un disparo.
En el momento, aunque ambas víctimas sobrevivieron y se encuentran siendo atendidas en un centro médico del municipio de Saravena, el panorama no deja de ser desalentador. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en los dos primeros meses de este 2021 ya van 27 personas las que se han visto afectadas por esos artefactos explosivos, de los cuales, 22 son adultos y cinco son menores de edad, todos hombres de acuerdo con la entidad.
Según detalló el ente gubernamental, 23 de esas víctimas resultaron heridas, mientras que las otras 4 fallecieron en el momento de los hechos. En total, 15 de ellos eran civiles, y los 7 restantes eran miembros de la Fuerza Pública, así lo dio a conocer el periódico El Tiempo.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló que en total, entre 1990 y el 31 de enero de 2021, 11.994 personas en el país han sido afectadas por una mina antipersonal, y de ellas, 2.325 fallecieron a causa de las detonaciones. Del total de esas víctimas, 7.228 agentes estatales, y 4.776 civiles.
Los departamentos más afectados, de acuerdo con la entidad, según informó el mismo medio, son Antioquia, zona donde se encuentra el mayor número de víctimas: 2.605 personas, lo equivalente al 21%, seguido por el Meta con un 9%, Nariño con un 8,5%, Caquetá con un 7,9% y Norte de Santander con un 7,6%.
Para 2020, según el organismo, 167 personas fueron víctimas de estos artefactos explosivos, de las que 144 resultaron heridas, mientras que 23 fallecieron en los hechos. De acuerdo con La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 61% de las víctimas, es decir 103 ciudadanos, eran civiles, así lo informó el mismo medio.
Al respecto del desminado en el país, el diario bogotano reportó que de acuerdo con la entidad, la crisis sanitaria causada por el covid-19 afectó la labor, pues mientras que para 2019 se erradicaron 1.625.000 metros cuadrados de explosivos en el país, durante 2020 solo se despejaron 1.250.372 metros cuadrados de minas antipersonal, es decir, 374.628 metros cuadrados menos que en el periodo anterior.
“Inicialmente, los primeros meses de pandemia tuvimos que suspender el desminado humanitario. Afortunadamente esto duró unos pocos meses. En el mes de agosto reanudamos todas las acciones.”, explicó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, sobre las cifras en entrevista con El Tiempo.
Además, el alto comisionado para la Paz, en su diálogo con el mismo medio señaló que actualmente hay 133 municipios del país donde el Gobierno Nacional no ha podido intervenir en el proceso de desminado causa de la inseguridad que se presenta en estas zonas.
“En todas estas zonas no se puede hacer desminado humanitario, pero sí se puede hacer desminado militar. En este caso, el desminado militar está avanzando en las zonas donde el Ejército tiene que hacer presencia militar y se está avanzando en una estrategia para priorizar las veredas más afectadas dentro de cada municipio, en zonas como el Bajo Cauca, sur de Antioquia y Chocó. En Cáceres vamos a intervenir 24 veredas de las casi 40 de ese municipio”, explicó Ceballos al medio.
El alto comisionado para la Paz, igualmente detalló al medio, que entre las estrategias de la entidad para disminuir las minas antipersonal en el país, también se encuentra llevar a cabo concertaciones con las comunidades afro e indígenas, en las que desde el 2018 ya se han registrado 46 casos de víctimas de estos artefactos explosivos, con el fin de realizar un proceso de desminado humanitario en sus territorios, tarea que estaría a cargo de la organización Campaña Colombiana Contraminas.
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