En el acompañamiento que realizó la entidad con las comunidades indígenas de Murindó, en el Atrato Medio (Antioquia), la Defensoría del Pueblo hizo un balance de las familias afectadas por las amenazas de grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.
“Son 48 familias, 178 personas del resguardo, que se desplazaron desde Turriquitadó alto hacia Turriquitadó llano, a causa de presiones de grupos armados”, según su cuenta oficial de Twitter @DefensoriaCol
En este encuentro de monitoreo que realizó la Defensoría estuvo la autoridad indígena de la región, la Organización Indígena de Antioquia, que emitió un comunicado en el que declaró que el desplazamiento forzado de las familias es debido a “amenazas expresas del ELN”.
La espiral de violencia en el noroeste antioqueño, que afecta a los indígenas del pueblo Embera Eyábida, está originada en “la disputa por controlar los territorios ocupados históricamente” por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron la paz en 2016″, prosiguió el comunicado.
De acuerdo con la autoridad indígena, en el noroeste antioqueño se encuentran en riesgo de desplazamiento otros 500 indígenas en esa zona del país. Motivo por el que la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio del Interior una acción de urgencia para proteger la vida de las comunidades.
Horas después del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, acudió a Twitter para señalar a los actores armados que amenazan a los indígenas Embera Eyabida de la región noroeste de Antioquia:
“La situación presentada en Murindó es generada por grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, quienes cada vez que hay acciones ofensivas por la Fuerza Pública, pretenden sembrar el miedo en la comunidad”, del Twitter oficial del ministro @DanielPalam.
En persona, Palacios se desplazó a Murindó para evaluar la situación de violencia en Murindó con las autoridades civiles y militares del departamento de Antioquia.
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Según un balance parcial del ministerio, en reunión con la autoridad y la Guardia Indígena, se está avanzando en una “ruta de confianza” entre gobierno y pueblos originarios para “garantizar protección en los Derechos Humanos” de las comunidades, así como se anunció el desembolso de recursos en la zona.
Serán $65 mil millones para el Fondo del Buen Vivir, destinado a proyectos en beneficio para las comunidades que fortalezcan procesos de fortalecimiento en gobierno propio, resolución de conflictos y apoyo para la Guardia Indígena.
De otra parte, El Ejercito Nacional logró contactar a las comunidades desplazadas de la zona rural de Murindó, quienes dieron acceso para que se hiciera el desminado urgente de los resguardos afectados por minas antipersonal, que habrían puesto miembros de grupos armados ilegales.
El general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército indicó que, en el área se están desarrollando operaciones militares para “ubicar los artefactos explosivos improvisados”.
Los eventos de desplazamiento iniciaron el pasado mes de febrero, cuando unos 5.000 indígenas quedaron atrapados en el suroeste del departamento del Chocó, por combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
Posteriormente, a su arribo a Murindó, las comunidades fueron rodeadas por minas antipersonas para evitar que sostuvieran comunicación con el gobierno local.
Las acciones presentadas en las últimas horas pretenden garantizar la vida de familias indígenas y garantizarles sus Derechos Humanos.
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