Horas después de que la Fiscalía capturara en Medellín al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria por irregularidades en el contrato de adecuación y pavimentación de la Troncal de la Paz, el Gobierno nacional expidió un decreto para suspenderlo de sus funciones y nombrar al secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, como gobernador encargado. Suárez ya ocupó este puesto en septiembre de 2020, cuando por este mismo proceso Gaviria fue privado de su libertad.
Según la Fiscalía, “el material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007”.
El fiscal valoró el material probatorio del contrato de mantenimiento de un tramo de la Troncal de la Paz que se construyó entre la Cruzada Caucasia en la vía que conecta a las el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, en el año 2005.
“El citado contrato fue suscrito cuando el señor Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778. La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%”, señaló el ente acusador por medio de un comunicado.
La tesis de la Fiscalía es que la variación del valor de la adición no tendría justificación técnica y correspondería a una “modificación caprichosa”. “Así mismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995′000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas”.
Según el ente investigador, esa adición no contaba con recursos técnicos. Mientras que el otrosí 2 de la obra genera suspicacias a los investigadores debido a que se firmó cuatro días antes de que Gaviria Correa terminara su periodo como gobernador y después de haber terminado el empalme con su sucesor.
Además, se incluyó como objeto del contrato la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz. “En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”, señaló la Fiscalía.
Otra de las irregularidades que halló el ente acusador para formular la acusación en contra del gobernador, es que antes de pagar el anticipo, se giró una suma de 5.000 millones de pesos al contratista para la adquisición de maquinaria, cuando uno de los requisitos del contrato para la licitación era que la empresa contara con el equipo suficiente y necesario para adelantar la obra.
“Para el Fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. En ese sentido, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros”, señaló la Fiscalía.
El juicio contra Gaviria Correa se realizará a instancias de la Corte Suprema de Justicia, mientras se mantiene al acusado en detención preventiva, sin beneficio de libertad, luego de ser capturado en su oficina de la Gobernación en Medellín.
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