En la mañana de este jueves 4 de marzo, se conoció el radicado de una denuncia que, ante la Comisión de Ética del Senado de la República, pide que se suspendan las curules de los senadores Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, y Pablo Catatumbo, ambos pertenecientes al Partido Comunes, de las extintas Farc.
El documento, difundido inicialmente por W Radio, señala que sus puestos en el Senado deben quedar en pausa, al menos mientras se adelanta un proceso disciplinario en su contra. Esto, luego que de hubieran admitido su responsabilidad en el asesinato de seis personas, incluyendo el de Álvaro Gómez Hurtado, crimen que las Farc se atribuyó el 3 de octubre del año pasado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La denuncia, reportó la emisora, fue interpuesta por el ciudadano Daniel Alejandro, quien asegura que a pesar de las condiciones jurídicas de los senadores, y su participación en el mecanismo independiente de la JEP, tanto Lozada como Catatumbo deben responder dentro del marco de la justicia ordinaria, cubiertos por su fuero actual como senadores, pues dicho delito se encontraba, al momento de la admisión por parte del grupo exguerrillero, bajo la investigación de la Fiscalía General de la Nación.
El proceso se presenta a un mes de que la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, pidiera a los ocho congresistas de Comunes imputados por la JEP por el delito de secuestro, entre otros crímenes de lesa humanidad y guerra, que presenten su renuncia al parlamento.
“Que dejen las curules inmediatamente, que nombren a otra gente de las ex-Farc que no sean responsables de delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay un límite moral para una sociedad”, dijo la congresista durante una entrevista con Semana, refiriéndose tanto a los dos senadores mencionados como a Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.
No sobra mencionar que, dicha imputación se dio el pasado 28 de enero de 2021 y que, a partir de ese momento, la jurisdicción especial les dio 30 días a los ocho individuos para que contaran su verdad. En ese sentido, se esperaba que Lozada se presentara en audiencia el próximo 29 de marzo para dar su versión en los hechos detrás de la muerte de Gómez Hurtado. Sin embargo, el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre tuvo que reprogramar la cita para el 6 de abril a las 8 de la mañana, a causa de los horarios de atención que tendrá la JEP en Semana Santa.
Mientras tanto, queda el debate sobre si la comisión de ética del Senado debería o no aceptar la denuncia de Alejandro. En ese sentido, W Radio reportó que el presidente de la misma, Santiago Valencia González (Centro Democrático) prefirió no pronunciarse al respecto para evitar una recusación en el proceso.
No sobra mencionar que dicha rama del Congreso está conformada por otros nueve parlamentarios: Laureano Augusto Acuña Díaz (Conservador), Wilson Neber Arias Castillo (Polo Democrático Alternativo), Ana María Castañeda Gómez (Cambio Radical), Juan Luis Castro Córdoba (Alianza Verde), Andrés Cristo Bustos (Liberal Colombiano), Carlos Abraham Jiménez López (Cambio Radical), Carlos Felipe Mejía Mejía (Centro Democrático), Miguel Ángel Pinto Hernández (Liberal Colombiano) y John Milton Rodríguez González (Colombia Justa Libres).
Ni Lozada, ni Catatumbo, ni la JEP, se han pronunciado al respecto de la denuncia o su validez dentro del marco de lo acordado durante el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Farc.
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