JEP advierte que persiste la desarticulación entre entidades del Gobierno nacional para evitar el asesinato de los firmantes del Acuerdo Final de Paz

Este martes 2 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a los ministerios de Defensa y del Interior, al comisionado de Paz, la Fiscalía y otras entidades, adoptar medidas de manera urgente para proteger de manera integral a más de 9 mil excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Según la JEP, los esfuerzos por parte de estas, para evitar el asesinato de excombatientes, no son suficientes, dejando en claro que “proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado”.

En relación con los puntos por mejorar, la JEP encontró que al interior de la Defensoría del Pueblo no se ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los excombatientes.

“Hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones que hace la entidad al Ministerio del Interior, pero tampoco hay acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes”, señaló.

Asimismo, se encontró que persiste la desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes para la mitigación o disuasión de riesgos. Además, los espacios interinstitucionales “no resultan eficaces para ese propósito, ni se detectan herramientas o instrumentos idóneos de medición de resultados de las acciones emprendidas”, advirtió.

En el caso de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la JEP halló que las cifras de esclarecimiento de los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las Farc-EP solo reflejan 33 sentencias articuladas en los 280 procesos iniciados.

Respecto a las amenazas, la jurisdicción manifestó que la situación es más compleja, pues apenas se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el 2 % de las investigaciones.

A partir de esta radiografía, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió un documento en el que ordenó los siguientes puntos:

1. Al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.

2. Requirió al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

3. Pidió a la Defensoría del Pueblo fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.

4. El Ministerio del Interior deberá implementar indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, y mejorar su respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo que le sean advertidas.

5. La Unidad Nacional de Protección deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de los excombatientes.

6. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía se verá en la obligación de informar sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes de las Farc-EP asesinados y que denunciaron previamente amenazas, además de, dar a conocer qué ha pasado con el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y denuncias reportadas.

7. El Consejo Superior de la Judicatura tendrá que dar un reporte mensual sobre los procesos relacionados contra delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.

Por otro lado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó el recurso de apelación que interpuso el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y le advirtió que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

“En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales. Por el contrario, mientras pasan los días, continúan sin tregua los hechos violentos contra los y las firmantes del Acuerdo”, advirtió la JEP.

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