Claudia Lizeth Peñaranda, más conocida como la ‘tramitadora’ del Invima, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nacipon en el que acepta los delitos de falsedad material en documento público y falsedad ideológica. La pena contemplada sería de 37 meses de prisión, la cual fue modificada y se acordó de manera verbal ante el juez.

También se conoció que la imputada, actualmente, negocia un principio de oportunidad, con el cual busca inmunidad penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y enriquecimiento ilícito, a cambio de la información que ella ya le ha entregado a la Fiscalía y que ha permitido establecer la forma en que delinquía la organizaciónde la cual hacía parte.

De acuerdo con lo reportado por Caracol Noticias, Ahalia Quintero, abogada defensora de la procesada, señaló que “esta defensa se encuentra a la espera de la aprobación del principio de oportunidad que garantizará la participación de Claudia como testigo de la Fiscalía en los demás procesos con la corrupción en el INVIMA (…) La aprobación de este principio de oportunidad debe darse en el menor tiempo para garantizar la efectiva acción de la justicia y evitar vencimiento de términos e impunidad”.

Peñaranda es acusada de ser el enlace principal entre los exfuncionarios del Invima y los clientes que se beneficiaron de la obtención de registros sanitarios adulterados.

Uno de los casos de mayor relevancia, en este escándalo figura el de la empresaria Stella Duran, que de acuerdo con la Fiscalía, habrían montado un Invima paralelo para vender productos fitoterapéuticos y cosméticos de manera fraudulenta.

En el 2018 la Fiscalía encontró que existía una red de corrupción en el Invima que agilizaba la expedición y falsificación de registros sanitarios, lo cual permitió que colombianos adquieran medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza sin inspecciones científicas.

Según la investigación, le red se encargaba de agilizar la expedición de registros sanitarios para que los productos salieran al mercado y los funcionarios de la red habrían falsificado varios de estos documentos, “lo cual ha permitido que los colombianos adquieran estos elementos sin conocer su composición real, lo que representaría un atentado contra la vida de los consumidores”, aclaró la Fiscalía.

La entidad encontró que al parecer habían 14 personas involucradas en este proceso, por eso, dio orden de captura a los implicados. Entre los capturados se encontraban, 12 trabajadores de la entidad que se encarga de la vigilancia de los medicamentos en el país.

Las otras dos capturadas fueron Claudia Lizeth Peñaranda, que era la personas encargada de ser el enlace entre el Invima y los clientes; y Stella Durán, un empresaria que vendía productos de belleza y que al parecer, una parte de los productos que vendía habían logrado su licencia en el Invima de manera ilegal.

En ese momento, los productos que la Fiscalía pudo detectar que no tenia los permisos en orden fueron: Incla (antibiótico), Bactiflox (antibiótico), Duoartril en tabletas (antihipertensivo), Helmintaz tabletas (antiparasitario), Nimeflex (antiinflamatorio), Renilax tabletas (desloratadina) y Bactrogyn óvulos. En cuanto a los suplementos dietarios y productos de belleza, el ente investigador tiene identificados los nombres de: Abexine, un gel que se utiliza para tratar dolencias derivadas de la artritis y la osteoartrosis, el Fattache, fibra utilizada para la supuesta pérdida de peso, y Canna Pain crema y parches.

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