Organizaciones civiles envían una carta al presidente Joe Biden: “está en peligro el histórico acuerdo de paz de Colombia”

Al menos 22 organizaciones de Estados Unidos firmaron la misiva, en la que piden que ponga la paz del país suramericano cómo prioridad.

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El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Samuel Corum/Archivo
El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/Samuel Corum/Archivo

Este 1 marzo, 22 organizaciones civiles de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que vuelva a ubicar la paz como la prioridad de su gobierno, pues aseguran, el Acuerdo Final de Paz entre las Farc y el Estado colombiano se encuentra en peligro.

“Por causa de su precaria implementación, está en peligro el histórico acuerdo de paz de 2016, uno de los principales legados de la Administración Obama-Biden”.

En el documento, conocido por El Espectador, las organizaciones hacen un amplio balance y cuestionan el cómo se ha implementado el acuerdo de paz en Colombia, bajo la sombra de Iván Duque.

En la misiva sostienen que desde la firma del acuerdo hasta la fecha han sido asesinados al menos 252 excombatientes de las Farc. Además, afirman que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y que los líderes comunitarios están en peligro de ser masacrados.

El gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto (…) Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia.

La carta fue firmada por organizaciones como Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.

Biden debe tener como prioridad, de acuerdo con estas organizaciones, la relación con el acuerdo de paz y exigirle al Gobierno de Iván Duque que implemente todos los puntos pactados entre el Estado y las Farc, promover un acuerdo humanitario con el Eln e impulsar una negociación de paz. Piden también que se nombre un nuevo enviado especial de paz en Colombia.

Además, piden que el partido Farc, ahora Comunes, sea eliminado de la lista de grupos terroristas.

Excluir de la lista al partido de las ex FARC y a sus miembros, quienes han renunciado a la violencia, enviaría una importante señal de apoyo al acuerdo y facilitaría el apoyo de los Estados Unidos a la reintegración, la sustitución de cultivos, la reconciliación y otros programas destinados o relacionados con los excombatientes.

Solicitan al actual presidente estadounidense que apoye a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y le de un espaldarazo a la JEP. También piden que se priorice la sección étnica del Acuerdo de Paz sobre todo los acuerdos cívicos entre el Estado y el Paro Cívico de Buenaventura y Chocó, al igual que grupos indígenas y afrocolombianas.

Para proteger a las minorías étnicas de los abusos asociados con el narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos debe insistir en el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras de los paramilitares y la guerrilla y en acabar los vínculos y la corrupción que existe entre los grupos armados ilegales, el crimen organizado y los miembros de la fuerza pública.

Sobre el apoyo militar, las organizaciones exhortan a Biden a que se reduzca el paquete de asistencia y se muestre más apoyo a la construcción de la paz.

Más de cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, se debería reducir el paquete de asistencia militar de Estados Unidos e incrementar el apoyo a la construcción de la paz civil (…) debería ejercer presión para lograr reformas serias y duraderas de los sistemas militar y de inteligencia colombianos.

Otro punto que resalta dentro de la misiva, es la solicitud de presión para que el Gobierno de Iván Duque investigue y responsabilice a los funcionarios involucrados en las más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

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