Este lunes 1 de marzo, Estados Unidos anunció la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas durante 2020. El Gobierno de ese país catalogó el esfuerzo adelantado como “sorprendente”, a pesar de las restricciones impuestas por el covid-19 en todo el territorio nacional, así lo dio a conocer El Tiempo.
Este informe, que fue entregado por el Departamento de los Estados Unidos al Congreso de ese país, era necesario para que el Colombia recibiera el 20 % de los recursos que entrega la nación del norte anualmente para el combate contra las drogas; alrededor de 25 millones de dólares.
En el texto se puede leer que el Gobierno de Iván Duque prometió reducir los cultivos en un 50 % al terminar 2023 y la producción de cocaína por debajo de las 450 toneladas métricas. Con esto, Washington dice que a pesar de los buenos resultados es necesaria una estrategia integral que tenga como parte importante la fumigación aérea con glifosato.
El gobierno Duque logró sorprendentes resultados en el 2020 pese a los retos del covid-19 y un encierro de seis meses. Una estrategia integrada de erradicación que incluya una fumigación aérea dirigida, es esencial para alcanzar la meta conjunta de reducir los cultivos al 50 por ciento en relación a los niveles del 2017¨, dice el documento, que fue presentado al Congreso como lo requiere la ley.
En el texto también dice que el apoyo de Estados Unidos seguirá firme si se siguen viendo buenos resultados.
Asegura el informe que, la erradicación adelantada por el gobierno en 2002 fue la más eficiente en los últimos 10 años, pues se lograron destruir 130.000 hectáreas de mata de coca. Además, dice que ha sido efectiva la respuesta del Estado con la interdicción de narcóticos, químicos utilizados para su elaboración, y destrucción de laboratorios.
Además, destaca importantes logros enfrentando a carteles y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pues asegura que se han abierto 1157 procesos criminales y condenado a 770 personas por tráfico de drogas.
La evaluación aparece cuando la administración de Joe Biden prepara el presupuesto para 2022, en el que deberá presentar al Congreso los montos para la lucha antinarcóticos.
Sobre el informe, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que demuestra la sólida relación entre ambos países y su interés por acabar con el narcotráfico en Colombia, así lo recogió Noticias Caracol.
Establece que debemos utilizar otros mecanismos como la aspersión con precisión, que señaló la Corte Constitucional. Esta certificación confirma que el apoyo del gobierno de los estados unidos a Colombia sigue vigente y está fortaleciéndose en pro de liberare al país del narcotráfico.
Según agregó, la certificación destaca que Colombia avanza en la meta para el año 2023 de reducir al 50 % las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína.
“Estos logros se tienen gracias a que el año pasado el país logró 130.000 hectáreas erradicadas de coca manualmente, destruir más de 5.000 laboratorios de coca, avanzar en la interdicción nacional e internacional y en el lavado de activos”, dijo Molano a medios de comunicación.
Organizaciones civiles envían una carta al presidente Joe Biden
A pesar de los reconocimientos por parte del informe sobre la lucha contra las dogas, 22 organizaciones civiles de los Estados Unidos enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que vuelva a ubicar la paz como la prioridad de su gobierno, pues aseguran, el Acuerdo Final de Paz entre las Farc y el Estado colombiano se encuentra en peligro.
Por causa de su precaria implementación, está en peligro el histórico acuerdo de paz de 2016, uno de los principales legados de la Administración Obama-Biden.
En el documento, conocido por El Espectador, las organizaciones hacen un amplio balance y cuestionan el cómo se ha implementado el acuerdo de paz en Colombia, bajo la sombra de Iván Duque.
En la misiva sostienen que desde la firma del acuerdo hasta la fecha han sido asesinados al menos 252 excombatientes de las Farc. Además, afirman que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y que los líderes comunitarios están en peligro de ser masacrados.
El gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades, desmantelar las redes paramilitares y llevar la presencia del Estado civil a las antiguas zonas de conflicto (…) Lo exhortamos a que vuelva a ubicar a la paz y a la protección de los derechos humanos como los principales fines de la política estadounidense en Colombia.
La carta fue firmada por organizaciones como Center for Justice and International Law (Cejil), Colombia Human Rights Committee, Evangelical Lutheran Church in America, Washington Office on Latin America (WOLA) y Witness for Peace Solidarity Collective.
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