Abogado de Monsalve dice que la Fiscalía ya tiene lista la solicitud de preclusión para el caso de Álvaro Uribe

El 6 de marzo se cumple el plazo para que la Fiscalía General de la Nación presente el escrito de acusación o pida la preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está involucrado en un caso de soborno de testigos y por el que fue detenido y renunció al Congreso de la República.

Gabriel Jaimes, el polémico fiscal encargado del caso, dice estar recaudando pruebas para determinar si hay evidencia suficiente para sustentar la acusación de Juan Guillermo Monsalve —quien es el principal testigo contra el exsenador—. Este último se negó presentarse ante el ente investigador, pues no confía en la imparcialidad del organismo.

Miguel Ángel del Río Malo, Abogado de Monsalve, confirmó este domingo que Monsalve no declarará. Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter:

Iván Cepeda, contraparte y víctima en en el proceso, y el abogado Del Río, dicen que con el testimonio de Monsalve o sin él, la Fiscalía tiene lista la preclusión del caso de Uribe. “Les puedo garantizar que esta semana ya debe estar lista la solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación, declare Monsalve o no lo haga”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda dijo que está esperando el escrito de preclusión del fiscal Gabriel Jaimes: “Luego de meses de esfuerzos desesperados del fiscal Gabriel Jaimes y la defensa de Uribe, por desconocer el abundante y sólido material probatorio presentado por la CSJ, con serenidad espero su escrito de preclusión. Estamos listos a demolerlo con argumentos y hechos ante un juez”.

Hace un par de semanas, el senador Iván Cepeda, reiteró su denuncia de que el fiscal Gabriel Jaimes no ofrece garantías de imparcialidad y neutralidad en la investigación, y señaló que este ordenó practicar 100 pruebas que ya realizó la Corte Suprema de Justicia y que deberían ser tenidas en cuenta como elementos probatorios para seguir con el proceso penal.

Además, le pidió a Jaimes que explique si esta información es cierta porque, de serlo, “se estaría buscando modificar el sentido o alcance del material probatorio con el fin de precluir el proceso”, aseguró Cepeda. Además, el senador insiste que con las actuaciones de Jaimes “cada vez es más notorio su propósito de que el proceso que está en sus manos concluya con una preclusión y en la impunidad”.

El Fiscal Gabriel Ramon Jaimes apoyó desde el inicio la liberación del expresidente, después de que la Corte Suprema de Justicia le impusiera medida de aseguramiento en agosto de 2020, y hace unas semanas anunció que apoyaba la tutela que el Tribunal Superior de Bogotá negó, por la cual la defensa del expresidente Álvaro Uribe pretendía devolver el proceso a fase probatoria aludiendo que se le vulneró el derecho al debido proceso por equiparar la indagatoria que le practicó la Corte con una imputación de cargos.

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó, el pasado 27 de enero, la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe, tras determinar que él ya pasó por una imputación de cargos. La solicitud era que se quitara la calidad de “imputado” que le impuso un juez una vez su caso salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la justicia ordinaria.

En el fallo se lee lo siguiente: “Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa invocados por el señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

Así mismo, el alto tribunal señaló que de no ser impugnada la presente decisión, deben enviarse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por otro lado, los abogados del expresidente, Jaime Granados y Jaime Lombana, anunciaron que impugnarán la decisión del Tribunal de Bogotá y buscarán nuevamente que la Corte Suprema de Justicia “revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han lesionado los derechos fundamentales del ciudadano”.

La defensa del líder político insistirá en que sus argumentos son constitucionales y legales, y esperan restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa, frente a la interpretación que aplicó un juez con relación a un conflicto entre dos legislaciones procesales distintas.

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