El Gobierno de España confirmó, en la noche de este viernes 26 de febrero, el visto bueno de la extradición del empresario Carlos Mattos hacia Colombia. Mattos es requerido por la justicia colombiana desde 2019 por el delito de cohecho.
La decisión se conoció luego de una reunión del Consejo de ministros de ese país, que determinó que se cumplen los requisitos necesarios para dar luz verde a una extradición y qué, en pocas palabras, giran entorno a la necesidad de que el crimen por el que una persona es requerida esté tipificado en ambos países.
En ese sentido, es importante señalar que la Fiscalía General de la Nación abrió un proceso contra Mattos en enero de 2018 por pagar al menos 2.600 millones de pesos a dos jueces de Bogotá y varios funcionarios de la rama judicial, para conseguir que fallaran medidas cautelares a favor de la empresa Hyundai Colombia Automotriz, presidida por el empresario. Mattos cometió el mismo delito una segunda vez con el mismo objetivo.
Dicha empresa controlaba la venta de los vehículos de la marca surcoreana en Colombia hasta 2016, año en que el fabricante le otorgó los derechos a Neocorp, filial colombiana de NeoHyundai, que a su vez hace parte del grupo empresarial Eljuri, uno de los conglomerados más poderosos de Ecuador. El último también es dueño desde 2001 de la importadora MetroKia, encargada de dicha marca en territorio colombiano; y de JAC desde 2013.
Su apropiación de Hyundai resultó en un duro pleito con Mattos, quien comenzó por denunciar a dicho grupo ante Superintendencia de Industria y Comercio, pero continúo sin soltar la tenencia de la representación de Hyundai, a punta de sobornos y jugadas judiciales.
En primer lugar, Mattos habría pagado al menos 2.500 millones de pesos entre 2015 y 2016 a varios funcionarios judiciales y al juez Reinaldo Huertas para que desviaran una demanda en contra de Hyundai hacia el despacho de este último, para que el mismo fallara medidas cautelares a favor del primero y ordenara que el fabricante surcoreano no pudiera hacer negocios en Colombia con nadie diferente.
Cuando el caso avanzó y Neocorp continuó buscando la representación de la marca automotriz en Colombia, Mattos respondió con un nuevo juego de tutelas, para que la jueza Ligia del Carmen Hernández ordenara inspeccionar una filial de su competencia. Para ello, le pagó por lo menos 100 millones de pesos. No obstante, esta última fue descubierta por la Fiscalía y en 2019 recibió una condena de dos años de prisión.
Mattos fue finalmente descubierto por las compras de contado hechas por el juez Huertas y la lentitud en el sistema de repartos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. Tras perder la representación de Hyundai de forma definitiva y ver cómo comenzaba a destaparse el escándalo, en 2018, el empresario termina trasladándose hacia España, alegando que se dirigía a dicho país para recibir tratamiento médico problemas de salud.
Desde entonces, la Fiscalía colombiana lo ha requerido en varias ocasiones. Sin embargo, Mattos se ha valido de más tretas judiciales para evadir la extradición. La última en octubre de 2020, cuando la Sala Primera del Tribunal Constitucional de España determinó que el millonario empresario de 73 años, no podía ser enviado de regreso a Colombia, a pesar de que la Audiencia Nacional de ese país ya había dado luz verde para ese traslado, en dos oportunidades, en 2019. Eso hasta hoy, cuando la Cancillería colombiana recibió la notificación de la aprobación del traslado al país del empresario.
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