Defensa de Gustavo Petro anuncia que el senador ya puede ejercer cargos públicos

Tras la decisión del Consejo de Estado de revocar la sanción millonaria a Gustavo Petro por reducir el precio de TransMilenio cuando gobernó a Bogotá, su abogado, Julio César Ortíz, aseguró que él y su cliente, el líder de la Colombia Humana, recibieron con gran satisfacción la noticia y por eso explicó que el político progresista podrá seguir ejerciendo cargos públicos.

En diálogo con La FM, el jurista aseguró que la multa de Petro no producirá ningún “cobro coactivo ni se puede pensar en inhabilidades que impidan en que el senador ejerza funciones públicas, o que no se pueda inscribir para algún destino político electoral, está plenamente habilitado para ejercer sus funciones públicas, y aspirar a cargos públicos, entre ellos la presidencia de la república”, expresó Ortíz a La FM.

En otros de los apartes de su pronunciamiento, el defensor judicial del senador progresista aseguró que se encuentra en espera del fallo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emita para declarar nulidad en la millonaria sanción, la cual ascendía los doscientos diecisiete mil millones de pesos.

Este viernes 26 de febrero, el senador Gustavo Petro informó que el Consejo de Estado, en segunda instancia, ratificó la decisión que tomó el Tribunal administrativo de Cundinamarca de suspender la multa que le impuso la Contraloría Distrital al exalcalde de Bogotá por bajar las tarifas de TransMilenio.

“El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratifica al tribunal administrativo de Cundinamarca y ordena suspender a la Contraloría distrital, la multa por 217.000 millones de pesos que me impuso por no subir las tarifas de Transmilenio”, escribió el político en su cuenta de Twitter.

El senador Petro fue más allá al señalar al entonces contralor, quien le impuso esa multa, el hoy magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados, investigado por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.

“Es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, quien con el objetivo de inhabilitarme, rompió toda normatividad y sentido de las proporciones al imponer una multa de 80 millones de dólares”, escribió el líder de Colombia Humana.

Y agregó: “el actual contralor distrital, ficha de Granados, ha vuelto a iniciar procesos contra mí, por mi decisión legal de no aumentar tarifas de transmilenio en años posteriores de mi mandato”.

Gustavo Petro se defendió por esa decisión, asegurando que “se puede financiar el transporte público con el presupuesto, como en todos los países modernos, o se cae en el fundamentalismo neoliberal de solo permitir que los costos de operación del transporte público lo financien los usuarios con más altas tarifas”.

En 2012, el entonces alcalde Bogotá estableció tarifas especiales para la hora pico y para la hora valle, y también decretó la reducción del valor del pasaje que entonces tenía TransMilenio de 1.750 pesos a 1.700 y 1.400 pesos, respectivamente.

Esta decisión fue mal vista por la Contraloría Distrital que, en 2016 le atribuyó al exalcalde una medida de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial y embargó sus cuentas. Además, aseguró que el monto estimado del detrimento patrimonial era de 200.000 millones de pesos, por lo cual le impuso una multa con ese valor.

Sin embargo, Petro llevó el caso a los estrados judiciales y, en noviembre de 2017, llegó la decisión del Tribunal administrativo de Cundinamarca, que ordenó suspender la multa impuesta por realizar reducción de tarifas a Transmilenio.

En 2019 también el Tribunal de Cundinamarca falló a favor de Gustavo Petro por el polémico modelo de basuras que instauró cuando fue alcalde de Bogotá, y por el que tenía también multas hasta por 130.000 millones de pesos. Los abogados de Petro argumentaron ante el tribunal que las decisiones de responsabilidad fiscal contra el exalcalde “infringe evidente y ostensiblemente normas de rango constitucional y legal, ya que se acudió a una norma inaplicable en el caso”.

Los magistrados del Tribunal Administrativo aceptaron los argumentos de los abogados del Petro y decretaron la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las decisiones que impusieron sanciones contra él y sus antiguos colaboradores.

Le puede interesar: