Continúa el drama para los propietarios del edificio Space, quienes poco más de siete años después de la tragedia siguen viéndose en la obligación de pagar el impuesto predial por una propiedad que se derrumbó por fallas estructurales.
Así se lo contó Carlos Ruiz, dueño de uno de los apartamentos colapsados en Medellín en octubre de 2013, a RCN Noticias. De acuerdo con este, “nos siguen cobrando y nos sigue persiguiendo por pagos”, motivo por el cual, en los últimos días recibió una factura de 4.777.341 pesos por el 0,7 por ciento que le corresponde de la propiedad de 11.000 metros cuadrados.
Dicho monto, explicó, ha venido creciendo con los años y se ubica actualmente tan cerca de los cinco millones de pesos porque el avalúo del lote pasó de 10.000 millones a 14.000 millones de pesos, lo que a su vez ubica el metro cuadrado en el orden de 1.900.000 pesos. Vale recordar que el edificio se ubicaba en la carrera 24D #10E-120 en el barrio El Poblado, uno de los más exclusivos y costosos de la capital antioqueña.
El propietario señala que la situación es tan cruda que incluso se siente dispuesto a entregar el lote de cualquier manera posible con tal de dejar de recibir cobros injustos y las persecuciones que estos conllevan cuando no los pagan: “Les regalamos nuestro lote y hagan lo que quieran hacer con él, pero que no nos persigan más por los pagos”, le dijo al informativo.
Sobre el tema, el noticiero consultó al subsecretario de Catastro de Medellín, Iván Mauricio Salazar, quien explicó que “la ciudad de Medellín no actualizaba los valores económicos de toda la ciudad desde el año 2012”, es decir un año antes de la tragedia en la que fallecieron 12 personas y por la que, además del edificio colapsado, fue necesario derrumbar otro más de los seis que conformaban el complejo de apartamentos.
Por su vivienda, Ruiz llegó a invertir un total de 330 millones de pesos. Se trataba de un apartamento en la torre seis, justamente la que cedió de manera inesperada el 12 de octubre de 2013 y por la que, a pesar de los pleitos y las sanciones, no recibió una reparación en la forma de devolución del dinero, sino en la de una parte del lote.
Ese mismo es el que lo está agobiando en este momento, pues los cobros prediales de los años después de haberlo recibido ya suman un monto que a octubre de 2020 ascendía a los 12 millones de pesos, cifra que le debe al fisco de Medellín y a la que se suman los casi cinco millones que denuncia en la actualidad.
“Y ya nos han amenazado con expropiaciones. Nunca quisimos quedarnos con ese lote. Simplemente, la Superintendencia de Sociedades nos obligó pero con una falsa promesa de que el lote se iba a vender. Ya lleva siete años y no se va a vender, además, porque está diseminado en una cantidad de personas con porcentajes muy pequeños”, contó Ruiz al respecto.
Por la caída del edificio, que según expertos no contaba con la fortaleza estructural suficiente para soportar las cargas a las que fue sometido —fruto del uso de materiales de mala calidad y mal proporcionados—, fueron sancionados el diseñador estructural Jorge Aristizábal —dueño de la Constructora CDO que lo levantó— y el revisor estructural Edgar Ardila, quienes vieron la cancelación de su matrícula profesional de por vida; los constructores María Cecilia Posada y Pablo Villegas, a quienes se les suspendió por 22 meses; y el encargado de los estudios de suelos, Bernardo Vieco, quien la perdió por seis meses.
Lee también: Explosivas declaraciones del ‘Ñoño’ Elías: ratifica que “hubo plata corrupta” en la reelección de Juan Manuel Santos