Un muerto, un herido y un desaparecido deja una incursión armada de las AGC en el bajo Cauca antioqueño

Un día después de que se reportara un enfrentamiento entre el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparros’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, estos últimos atacaron a los habitantes de Piamonte, corregimiento de Cáceres, en el bajo Cauca Antioqueño. En el territorio incursionaron 50 subversivos que, armados, atacaron a la población. Las autoridades reportan que, por el momento, el saldo de este hecho es una persona muerta, un herido y un desaparecido.

“Se dieron unos combates entre los dos grupos armados en Tamaná y Ponsiano, simultáneamente. Se estableció que luego fueron a Piamonte, pero ya la Fuerza Pública está allá”, aseguró Horacio Rendón, concejal de Cáceres.

Según versiones de la comunidad, la cuadrilla de las AGC llegó al corregimiento con fusiles en la mano y empezó a disparar indiscriminadamente contra quienes estaban en la calle. Además, pintaron varias casas con mensajes alusivos al grupo ilegal. “AGC presente”, o simplemente “AGC”, se lee en varias edificaciones.

En cuanto a las víctimas de los criminales, aún no se ha hecho pública su identidad. Se ha dicho que la persona muerta era un minero del municipio, pero otras versiones indican que sería alias ‘Cheky’, un miembro de ‘Los Caparros’.

La persona herida fue trasladada hasta un centro de salud en Caucasia (Antioquia), pero hasta el momento no hay un parte médico que indique su estado. Acerca del desaparecido, reportan que sería un campesino de la zona que, supuestamente, fue lanzado a un río.

La situación en Cáceres, al igual que en todo el país, es crítica por cuenta del recrudecimiento de la violencia y las constantes disputas por el territorio entre distintos grupos armados al margen de la ley.

El pasado 5 de febrero, 140 familias que habitaban en la vereda Río Man, en Cáceres, decidieron abandonar sus casas ante un supuesto ultimátum de ‘Los Caparros’. En su momento, el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional contó que no había un registro de esa amenaza en especifico, pero sí afirmó que la población está siendo intimidada desde hace un tiempo.

“Hay una amenaza de un grupo. Tenemos al comandante de batallón en el sitio y me dice que eso garantiza que las personas no se desplacen. Parece que el Clan del Golfo está amenazando a las personas que están ahí”, señaló el alto uniformado.

Las personas desplazadas llegaron a Caucasia, con solo unas cuantas pertenencias, por lo que la Unidad de Víctimas les tuvo que proporcionar comida, cobijas, sábanas, toldillos, toallas y elementos de cocina para ayudar a suplir sus necesidades.

“Es compleja la situación que se vive en este municipio, por lo que las instituciones estamos haciendo presencia desde cada una de nuestras competencias”, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad de Víctimas en Antioquia.

Los afectados clamaron desde Caucasia que les devolvieran la seguridad en su territorio para poder volver a sus hogares. Ante la petición, la fuerza pública aseguró que tiene diseñada una estrategia ofensiva para ser aplicada en Cáceres, al igual que en otros municipios como Ituango, Peque y Tarazá.

“He estado personalmente en El Bagre, en Cáceres, en Tarazá, en Ituango, en Caucasia y vamos a desplegar esa operación para controlar esos corredores de movilidad y devolverle la tranquilidad a la comunidad del Bajo Cauca”, aseguró el general Díaz.

Así mismo, otras subregiones dentro del mismo departamento también experimentan las consecuencias de la guerra. Las comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó, ubicados en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, protestaron el jueves 11 de febrero para exigir que el Gobierno, tanto nacional como local, los proteja de los grupos armados.

“En nuestros llamados hemos sido enfáticos en señalar que los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”, manifestó Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

El vocero explicó que, los indígenas no pueden transitar por sus territorios tranquilamente porque temen ser víctimas de minas antipersona. Esta situación ya había sido denunciada el 7 de febrero, cuando la misma OIA informó que 2.000 personas de estos resguardos tuvieron que confinarse porque actores armados ubicaron explosivos en el camino que conecta a las dos comunidades.

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