Este jueves, la Jurisdicción Especial (JEP) para la Paz aceptó el sometimiento de Álvaro ‘El Gordo’ García Romero a la justicia transicional. Para el Tribunal de Paz el exsenador, quien permanece en la cárcel La Picota, será clave para desmontar las estructuras de poder que están tras el paramilitarismo en Colombia. Actualmente, ‘El Gordo’ paga una condena de 40 años por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, en octubre del 2000.
Este es su prontuario.
García pasó por las dos esferas del Congreso: en la Cámara de Representantes estuvo por el departamento de Sucre entre el 20 de julio de 1978 y el 19 de julio de 1990, mientras que en el Senado cumplió su período desde julio de 1994 hasta el 19 de julio de 2007. Fue en este último periodo cuando se le comprobó su participación en la masacre de Macayepo, cometida por los paramilitares el 14 de octubre del 2000, en un plan por controlar los Montes de María que, en ese momento, recorrían los frentes 35 y 37 de las Farc-EP. En 2010, la Corte Suprema de Justicia condenó a García por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple, en calidad de determinador, y desplazamiento forzado, entre 1997 y el 2000.
Previo a su condena, el 18 de noviembre del 2007, había sido capturado por el escándalo de la parapolítica.
A través de una conversación telefónica, obtenida por Semana, se comenzó a demostrar la actuación ilícita del entonces congresista del partido Colombia Democrática. En ella, el financiador de paramilitares Joaquín García, condenado a 40 años de prisión, habló con Álvaro García para que lo ayudara a intermediar con el entonces gobernador de Sucre, Miguel Nule. Tiempo después se conoció que la intención de Joaquín García era cobrar venganza porque le habían robado 12 cabezas de ganado. En la llamada la petición era clara: permitir que un grupo de paramilitares entrara a los corregimientos El Aguacate y Pajonalito, cercanos a Macayepo.
Desde el 2000 las autoridades perdieron el rastro de Joaquín García y su pena no se cumplió, por lo que, en 2013, el Juzgado Único de Sincelejo declaró el cese del procedimiento, reportó El Espectador.
En esa masacre al menos 80 paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María entraron por El Aguacate hacia Macayepo, asesinaron 16 campesinos y desplazaron a más de 200 personas de sus hogares. Las amenazas a esta comunidad habían llegado semanas antes, acusándolos de guerrilleros. Por estos hechos, la Corte Suprema le aplicó una condena de 40 años al exsenador, sin embargo, entre muchos intentos para eludirla y hasta incluso buscar que se revocara, en 2018 la defensa de García pidió un cupo en la JEP. Según El Espectador, la defensa del exsenador argumentó que era un “agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública”, por lo que a la JEP le competería su caso.
Como el Tribunal de Paz recibió a García específicamente para responder por haber auspiciado la masacre de Macayepo, este deberá aportar verdad sobre su financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de contar qué otros dirigentes políticos intervinieron en el crecimiento del paramilitarismo en el país, tal cual lo prometió el político en su solicitud.
¿Por qué la JEP lo aceptó?
El argumento principal es que ‘El Gordo’ participó como agente del Estado para promocionar, sustentar y auspiciar una organización criminal en el marco del conflicto armado colombiano, esto, a partir de usar su cargo como senador de la República. Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP dejó muy en claro que el haberse acogido a la justicia transicional no modifica su sentencia ni el control de la misma que tiene la Corte Suprema de Justicia y el juez que emitió el fallo en contra del paramilitar.
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