Organizaciones de agricultores denunciarán en la ONU el aumento de la violencia en el campo colombiano

Este jueves, organizaciones campesinas que representan a distintos departamentos de Colombia, denunciaran ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el incremento de la violencia y la impunidad en el campo colombiano que se registró durante el 2020.

“Creemos que ha aumentado la violencia, en el año 2020 sigue habiendo grupos armados en los territorios y confinan a las comunidades y a veces se ve que están en convivencia con el Estado y siguen amenazando a las comunidades”, indicó a NotiCentro1 CM&, la vocera de Vía Campesina y Fensuagro, Nury Martínez Díaz.

De acuerdo con la denuncia que presentarán ante la ONU, en los últimos años, en especial en el 2020, han aumentado los casos de violencia contra los campesinos en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Cesar, según dio a conocer el mismo medio.

Por ello, las organizaciones campesinas que representan a unos 500.000 mil habitantes de estas zonas afectadas por la violencia, solicitarán garantías de seguridad y acompañamiento a estas comunidades ente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

“Lo que estamos solicitándole a las Naciones Unidas es que se le exija al Gobierno la implementación del Acuerdo de Paz, que se deben impulsar cambios estructurales y así como dicen los acuerdos se debe abolir el paramilitarismo”, señaló a NotiCentro1 CM&, la vocera de Vía Campesina y Fensuagro.

La denuncia se instaurará luego de que la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas revelara su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país durante 2020. De acuerdo con el documento, para el año pasado se registraron 76 masacres, las cuales dejaron como saldo a 292 personas asesinadas, entre las cuales estaban 6 niñas, 18 niños, 23 mujeres, 7 indígenas y 10 afrodescendientes.

El informe de la organización además dio a conocer que con corte a 22 de febrero de este año, ya han registrado 21 homicidios en contra de defensores de Derechos Humanos, 6 masacres documentadas, de las cuales 5 están en proceso de verificación, y las cuales han dejado un total de 21 víctimas mortales.

De esa manera, de acuerdo con la ONU, “desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014″, donde según resaltó el documento, los departamentos que más se han visto afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, zonas donde se han presentado el 62% de estos actos de violencia.

“Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos ocurren principalmente en zonas donde la presencia del Estado es insuficiente: 72 por ciento de los casos ocurrieron en Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca; 77 por ciento en zonas rurales; 91 por ciento en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional; 94 por ciento en municipios donde la tasa de homicidio indica la existencia de violencia endémica; 96 por ciento en municipios con economías ilícitas; y 85 por ciento en departamentos donde existen ‘enclaves de producción de coca’”, detalló el informe de la organización.

De acuerdo con la ONU, el recrudecimiento de la violencia en estas zonas de Colombia, esta directamente relacionado con la falta de la presencia estatal en estas regiones del país, lo que “limita su capacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”.

Teniendo en cuenta las cifras, en su informe, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al Gobierno Nacional para que implemente una política pública y criminal para desarticular a todos esos actores armados que atentan contra la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en el país. Además, solicitó al Estado que implemente de manera efectiva las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, pues contribuirían a la prevención de la violencia en Colombia.

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