La JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó, en la tarde del miércoles 25 de febrero, que aceptó la solicitud de sometimiento del exsenador Álvaro García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de cárcel por sus nexos con el paramilitarismo, así como por su participación determinante en la masacre de Macayepo en la que murieron 12 campesinos en 2000.

De acuerdo con W Radio, ‘El Gordo García’ habría logrado su ingreso a la JEP tras llegar a un acuerdo en el que se compromete a arrojar luces sobre cuál es la relación entre política y paramilitarismo en Sucre y otros departamentos colombianos.

Al respecto, un documento publicado por la jurisdicción explica que “el presente caso tiene una aptitud relevante de cara a esclarecer la promoción, auspicio o colaboración con grupos paramilitares, que como se dijo, es un instrumental para el propósito de no repetición pues es insumo que permitiría desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo”.

En ese sentido, la emisora señala que se espera que el exparlamentario no solo entregue información sobre la relación entre funcionarios del Estado colombiano y los perpetradores de la masacre de Mayacepo, en la que actuó como determinador; sino que también esclarezca el contexto detrás de las reuniones en las que se selló la creación del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, así como de los pactos de Ralito y de Chibolo.

De igual forma, García deberá hablar de sus vínculos con el exgobernador de Sucre Salvador Arana, con quien aparentemente comparte la autoría intelectual del asesinato, en 2001, de la fiscal Yolanda Patermina, quien investigaba la masacre de El Chengue, en la que fueron asesinados 28 campesinos.

Finalmente, tendrá que proporcionar datos sobre el apoyo de las AUC a diferentes candidaturas, incluso de miembros de dicha organización, para alcaldías, concejos, asambleas municipales, gobernaciones y hasta para curules en el Senado de la República, dentro del marco del fenómeno conocido como ‘Parapolítica’; así como de atentados en contra de funcionarios, entre otros crímenes de guerra.

De igual forma, y como los otros criminales que pasan por esa jurisdicción, el exsenador tuvo que presentar un plan de reparación para los afectados por sus actos, en el que se propone entre otras cosas, la creación de una fundación en beneficio de los mismos, y un museo para la memoria.

Con eso, lo único que queda pendiente es el acceso de ‘El Gordo’ a la libertad. No hay que olvidar que, García Romero cumple desde 2010 una condena de 40 años de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y determinador del punible de homicidio agravado.

Con ese prontuario en cuenta, la JEP reconoció que todavía no es posible otorgarla, convirtiéndose esta en la tercera ocasión en la que se le niega la libertad, si se tiene en cuenta que el exsenador ya había hecho una petición de revisión de su caso en 2017 y otra de impugnación en 2020, ambas rechazadas por la Corte Suprema.

No obstante, el tribunal para la paz explicó que la misma se mantendrá en estudio y volverá a ser evaluada una vez se determine si la información presentada por García es veraz, efectiva y útil. “En este momento este despacho de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se abstendrá de realizar el análisis con miras a la eventual concesión de algún beneficio transitorio y excepcional (como la libertad), hasta tanto el compareciente concretice alguna de sus responsabilidades con las víctimas.”, reza el documento citado por W Radio.

Según ese mismo medio de comunicación, la llegada del ‘Gordo’ a la JEP se da a pesar de la oposición de la Procuraduría General de la Nación, que argumenta que este fue condenado como miembro activo de las Autodefensas más no como un tercero financiador del conflicto.

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