Tras conocer la estadística de que entre 2002 y 2008, por lo menos 6.402 personas en Colombia fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, de acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los falsos positivos, el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (CGA) se pronunció para rechazar contundentemente el dato publicado.
Por medio de un comunicado, los militares retirados calificaron de ‘cifras infladas’ las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, argumentando que este dato estaría deslegitimando la labor de la Fuerza Pública y, en concreto, de la milicia colombiana.
En su defensa, el CGA añadió que en ningún momento recibieron órdenes superiores para delinquir y negaron haber impartido directrices de ese tipo con sus subalternos. Así se lee en la carta publicada desde su cuenta de Twitter en la mañana del jueves 25 de febrero:
Manifestamos que jamás recibimos órdenes de delinquir y mucho menos las impartimos a nuestros subalternos. Como Institución, nunca les fallamos a los colombianos y por el contrario expusimos nuestras vidas en defensa de ellos
En el comunicado de prensa publicado por los militares en retiro, solicitaron objetividad e imparcialidad para investigar los escándalos de los llamados ‘falsos positivos’ en el país. A continuación, la ampliación de la misiva:
Los militares acotaron que, para cualquiera de los casos en donde exista un debido proceso con garantías para los acusados en donde se demuestre que existió dolo al atentar contra la vida humana, no tendrían reparo en exigirles todo el peso de la ley, añadiendo que el deshonor los tendría que acompañar por el resto de sus vidas.
En los apartados de la carta, los retirados reiteran que lo ocurrido no fue política estatal ni institucional:
Solicitamos a las instancias involucradas ser objetivas e imparciales en el desarrollo de las investigaciones, así como en la difusión de información que pueda tergiversar la realidad y la responsabilidad de los actores, pues nunca fue una política de Estado, y mucho menos de las instituciones militares y policiales, mostrar resultados diferentes a la realidad del conflicto
Además, el cuerpo militar habló de intereses que pretenderían tergiversar la realidad para sacar provecho político y económico:
No se puede olvidar que hay organizaciones y entidades que buscan réditos económicos y políticos tergiversando la verdad, para lo cual suministran datos distorsionados o sesgados, como un ejemplo está el caso de Mapiripán donde se engañó a instancias internacionales con la cantidad de víctimas asesinadas; varias de ellas aparecieron vivas o murieron en otras circunstancias
Al final del comunicado, los generales y almirantes defendieron la institucionalidad, legitimidad, apoyo y cariño hacia las Fuerzas Militares y se refirieron a Colombia como un país violento que no ha logrado consolidar la paz.
Por otra parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), desmintió la versión del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en la que asegura que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”.
Vivanco indicó que Uribe pretende distorsionar la historia de los falsos positivos en Colombia, pues en un hilo de twitter el director de HRW dijo:
“1) Uribe dice que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate”. Falso. Hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. Vean estos testimonios y fragmentos de libros militares de la época”, junto al mensaje anexo imágenes de algunos documentos y continuó con 8 pruebas más.
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